Aunque el tema de las desapariciones es asociado generalmente con adultos, de acuerdo con cifras oficiales 30 por ciento de quienes padecen ese delito en el país son niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales son víctimas de reclutamiento forzoso por grupos criminales o de trata con fines de explotación sexual, afirmó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

En plática con La Jornada con motivo del Día del Niño, el especialista señaló que de acuerdo con números del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas –dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)–, en México hay 23 mil 271 personas desaparecidas, de las cuales 7 mil 16 son menores de edad, cifra equivalente a 30 por ciento del total.

Si se estudian los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 años, se encuentra que existen 2 mil 621 desaparecidos, de los cuales mil 712 son mujeres, lo cual quiere decir que siete de cada 10 jóvenes de 15 a 17 años desaparecidos son del sexo femenino.

Las razones de que el fenómeno de desaparición de niños, niñas y adolescentes no se haya visibilizado todavía con la fuerza suficiente, consideró Pérez, son que muchas familias prefirieron no presentar denuncia por temor a que sus hijos u otros parientes fueran estigmatizados como presuntos criminales, pero también a que las organizaciones de la sociedad civil no estudiaron el tema a profundidad.

Sería interesante hacer los cruces y análisis, pero si hacemos un redondeo, estamos hablando de que entre 30 y 35 por ciento de los casos de desaparición corresponden a menores de 18 años de edad, aunque lo más preocupante es que todavía hay muchas inconsistencias en la base de datos (del SNSP) y no hay forma de saberlo con certeza, puntualizó el director de la Redim.

Aunque no hay claridad sobre el tema, gran cantidad de casos de mujeres adolescentes que desaparecen pueden estar relacionados, con mucha probabilidad, con trata de personas para fines de explotación sexual o laboral, mientras que en el caso de los varones se menciona la hipótesis de que varios pueden haber sido reclutados de manera forzosa por grupos de la delincuencia organizada, indicó.

Hay que ver el caso Tla-tlaya, donde la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos arrojó que había tres varones y una mujer menores de edad, y que existía una denuncia por reclutamiento forzoso de grupos criminales que nunca se indagó, sostuvo Pérez García.

La información de este tipo deja ver que más allá de actos de buena voluntad, nuestro sistema de justicia tiene serias limitaciones y que la forma de trabajar de los organismos del gobierno no está basada en la sinergia, sino en la fragmentación.

En la cultura machista “es fácil decir que las mujeres desaparecidas ‘se fueron con el novio’ o que están haciendo berrinche, cuando su sola ausencia –sin importar las razones– debe ser motivo de alerta para todas y todos. No hay un sistema de información único que nos deje conocer con claridad cuántos casos de desaparición, ausencia o extravío se denuncian, o cuántas personas fueron localizadas vivas o muertas”.

Para solucionar esta situación y definir con precisión cuántos menores de edad han sido víctimas de desaparición ha faltado voluntad política. La administración anterior (de Felipe Calderón) decidió negar la existencia de estos hechos y hoy, además, existe gran incapacidad técnica de la autoridad (para solucionarlos) y en algunos casos hasta complicidad, subrayó Pérez García.