En 65 por ciento de los penales del país se vive un estado de ingobernabilidad debido a que son controlados por integrantes del crimen organizado, aseguró Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y sostuvo que México ocupa el sexto lugar mundial en sobrepoblación penitenciaria.

Explicó que en el país existen 423 penales, de los cuales 406 son estatales o municipales. En México, 65 por ciento de los prisiones padecen autogobierno, es decir, el Estado no tiene control completo de esas instituciones, de manera que cuando lo tiene algún grupo delictivo somete y controla a sus contrarios.

Al presentar el estudio La situación de las prisiones en América Latina, la especialista sostuvo que en los centros de reclusión hay motines, fugas, violencia, tráfico y consumo de drogas, riñas y homicidios, salvo en las prisiones federales de máxima seguridad.

Indicó que entre 2009 y 2013 más de mil internos se han fugado de las prisiones que hay en la República y aproximadamente 600 han perdido la vida, y dijo que de las 260 mil personas que están presas, 81 por ciento cometieron delitos del fuero común (208 mil) y 19 por ciento (unas 44 mil) ilícitos del fuero federal. La sobrepoblación se agrava porque de ese total, sólo ha sido sentenciados 51 por ciento (132 mil 600 presos).

Se duplica el número de presas

Elena Azaola manifestó que la población de varones en las cárceles mexicanas se incrementó 40 por ciento en la década reciente y la de mujeres ciento por ciento, ya que de 6 mil 660 reclusas que había en 1992 en 2012 sumaban más de 15 mil, que representan 5 por ciento de la población penitenciaria.

Consideró que hacinamiento, condiciones de vida indignas y falta de control son características del sistema penitenciario en México y América Latina, y la situación más dramática del país y quizá del mundo se debe a las políticas antidrogas aplicadas desde el sexenio anterior, que dejaron más de 120 mil muertos, 26 mil desaparecidos y 350 mil desplazados; miles de personas torturadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

Explicó que la mayoría de reclusos que permanecen en prisión desde el gobierno del presidente Felipe Calderón cometieron delitos menores: “620 mil personas fueron detenidas en operativos contra el narcotráfico; sin embargo, casi 500 mil (80 por ciento) fueron liberadas por falta de pruebas o bajo fianza”.

Agregó que el gobierno gasta 150 pesos diarios por interno y en los penales construidos bajo contratos de prestación de servicios, como los federales, cada preso cuesta hasta 2 mil pesos diarios, que se pagan a la iniciativa privada con recursos públicos y de los que no existe suficiente transparencia.

Para enfrentar el problema recomendó que el Estado recupere el control de los penales y que sean diseñados con normas, procedimientos, estándares, protocolos y programas de atención homogéneos, así como reducir el uso excesivo y desproporcionado de la pena de prisión.