Estudiantes de posgrado de la UNAM insistieron en que el cobro de cuotas de inscripción, reinscripción y por servicios en algunos de los programas de este nivel son ilegales e ilegítimos, por lo que demandaron su cancelación. En contraparte, funcionarios universitarios defendieron la legalidad de los cobros al señalar que la normativa universitaria lo permite.

Ayer se celebró el primer diálogo público entre integrantes de la Asamblea General de Posgrado (AGP) y representantes de la rectoría de la UNAM para atender este tema, que hace casi un mes fue denunciado por los alumnos, pues en algunos casos las cuotas alcanzan 6 mil 500 pesos semestrales e inclusive más de mil dólares para extranjeros. El encuentro se realizó en el auditorio de posgrado, que se llenó.

Durante el encuentro, Héctor Hernández Bringas, titular de la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la institución, informó que la matrícula de posgrado de la UNAM es de 14 mil 433 alumnos (64 por ciento en maestría y 36 por ciento en doctorado), de este total se cobra cuota de inscripción a 3 mil 889 personas (27 por ciento).

Prácticamente la totalidad de los alumnos exentos de pago, añadió, cuentan con una beca y quienes pagan son profesionistas con ingresos superiores a los de un becario o su inscripción es cubierta por las instituciones o empresas en las que laboran. Hernández se comprometió a atender los casos de jóvenes becados a los que se les cobren los estudios.

El cobro de cuotas y servicios en este nivel de estudios representó para la UNAM en 2014 un monto de 39.8 millones de pesos, equivalente a 0.06 por ciento del presupuesto total ejercido por la casa de estudios ese año, refirió. El presupuesto destinado al posgrado en 2014 fue de 2 mil 772 millones de pesos, no estamos apostando a que el cobro de cuotas sufrague el costo del programa.

En respuesta, los jóvenes de la AGP señalaron que uno de los compromisos del rector de la UNAM, José Narro Robles, es que la casa de estudios es irrenunciablemente pública. Por ello, consideraron que cualquier cobro contraviene lo expresado por el rector.

Agregaron que estas cuotas vulneran el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo tercero de la Constitución, que asienta que toda la educación que imparta el Estado será gratuita.

No tiene caso quebrantar la ley si los recursos recaudados a través de este concepto representan menos de uno por ciento del presupuesto total de la UNAM. Hoy tienen la posibilidad de evitar que el conflicto aumente.

El director de asuntos jurídicos de la oficina del abogado general de la UNAM, Salomón Díaz, argumentó que el único órgano facultado para interpretar la Constitución es la SCJN, la cual ha definido que la gratuidad de la educación en México no incluye el nivel superior.

Agregó que las cuotas en este nivel son legales porque el reglamento general de pagos vigente (de 1966) define los conceptos específicos para el pago en posgrado, el cual debe ser fijado por cada escuela o facultad.

Siete de cada 10 reciben beca

El coordinador de posgrado de la UNAM, Juan Pedro Laclette, dijo que en cada estudiante de este nivel hay una inversión total de alrededor de un millón de pesos, siete de cada diez recibe beca y anualmente los recursos que recibe cada alumno de maestría es superior a 109 mil pesos y en doctorado va de 145 mil y 155 mil al año.

Algunos de los coordinadores de los diferentes programas presentaron argumentos como que el cobro se aplica en el pago de viáticos y transporte o que la calidad cuesta. Uno de quienes más polémica generaron fue el titular del posgrado en ciencias de la producción y de la salud animal (donde se cobra más de mil dólares a extranjeros), quien preguntó: ¿Realmente no deberían pagar nada los extranjeros, pueden venir como hace 500 años a llevarse lo que quieran?