La escalada de violencia generada por el crimen organizado sólo podrá frenarse y reducirse con un gran acuerdo nacional en el que participen la autoridad –de los tres niveles de gobierno– y todos los sectores sociales que ya se encuentran secuestrados por la inseguridad y amenazas constantes de los delincuentes, señalaron diputados de PRI y PRD.

Se deben cerrar filas para defender la libertad y los derechos básicos y elementales de todos los habitantes del país, tarea de las instituciones del Estado y del gobierno vigente, puntualizó el coordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya.

“Ya no es exagerado advertir que el crimen organizado –en todas sus expresiones– reta al Estado mexicano. La política pública para garantizar la seguridad de los habitantes de la República y la seguridad nacional debe ser consensuada con todos los sectores del país. Y esto no sólo se debe extender a un acuerdo nacional, sino a pactos internacionales”, indicó.

También propuso que la sociedad entre seriamente, sin perder más tiempo, al debate de la legalización, siembra y uso de la mariguana y la amapola.

“Los prejuicios y temores infundados han generado que la criminalización del uso de esas sustancias sea el motor de la violencia que estamos viviendo. Es urgente instrumentar controles, estándares y usos tanto de la mariguana como de la amapola para uso terapéutico y de consumo regular. Con campañas de gran alcance, como las que se implementan por el uso de otra droga como el alcohol, podrán implementarse medidas que adviertan sobre los riesgos del uso y abuso tanto de la mariguana como de la amapola.

No es permisible ya, para una sociedad tan avasallada como la mexicana, que observemos una jornada de violencia como la ocurrida en Jalisco, y al día de mañana tengamos noticias, otra vez, de sucesos similares en estados como Guerrero, Tamaulipas o Sinaloa, declaró.

Por su lado, el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Manuel Añorve Baños, coincidió con Alonso Raya al sostener que se requiere un gran pacto nacional de todos los sectores de la sociedad para combatir a la delincuencia organizada. Y éste debe llevarse a cabo sin tintes partidistas. Debe encabezarlo el gobierno, para cerrar filas con las instituciones del Estado encargadas de combatir a los delincuentes, y colocar al frente de esta lucha al presidente de la República.

El legislador consideró necesario que el pacto al que se refiere cuente con la participación y conducción de los tres niveles de gobierno, así como el resto de la población, porque la mayoría de los mexicanos rechazamos la violencia, y tenemos que aplicar acciones para enfrentar a los delincuentes.

Asimismo, Jesús Valdés (PRI) expuso la urgencia de que la sociedad, en todos sus sectores, acompañe los esfuerzos institucionales del gobierno para enfrentar y abatir la violencia.

Lo que hemos observado y comenzado a vivir es una escalada que sólo puede ser enfrentada por toda la sociedad y sus autoridades. La administración federal, los gobiernos de los estados y los municipios requieren de una participación activa de todos los mexicanos en esta lucha, dijo.