Actualmente, 105 personas se encuentran detenidas por el caso Ayotzinapa.

Mientras, las instancias federales revisan los expedientes para responder a las solicitudes de información de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se halla en la parte final del análisis para la elaboración de su informe de los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado.

Entre los delitos imputados a los presuntos responsables se incluye delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, homicidio calificado y portación de armas de fuego.

A policías de Iguala se les ha acusado también de desaparición forzada de personas, cuyos cadáveres fueron hallados en fosas clandestinas en ese municipio, pero que resultaron no pertenecer a los normalistas de Ayotzinapa; no obstante, los hechos se encuentran en la misma indagatoria.

Mientras la versión oficial del paradero de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos se concentra en un asesinato colectivo e incineración de cuerpos, en hechos en los que participaron policías municipales e integrantes de grupos delictivos, los familiares de las víctimas tienen puesta su esperanza en el dictamen de la CIDH.

Hasta ahora no avalan la conclusión de la Procuraduría General de la República (PGR) y exigen una indagatoria distinta y ampliada que incluya –por ejemplo– a los militares de Iguala.

Melitón Ortega, padre de uno de los muchachos y vocero de los familiares de las víctimas, dijo que se han reunido dos veces con los especialistas de la CIDH y ahora esperan una tercera comunicación, en especial para conocer los avances de las conclusiones de su investigación y de la actuación del Estado mexicano.

Los familiares basan sus esperanzas en la recomendación que emitirá a mitad de año esta comisión de la Organización de Estados Americanos.

El objetivo de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa es que el gobierno federal retome la investigación y no sólo se dejen correr los días con las aportaciones y sugerencias de los familiares.

El caso Ayotzinapa cobró relevancia en la marcha del pasado 1º de mayoFoto Carlos Ramos Mamahua

Afirman que la PGR no ofreció los elementos científicos suficientes para dar por hecho que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos triturados y quemados para después esparcir las cenizas en un río.

Desde el punto de vista científico, no pudieron haber quemado a los estudiantes en ese espacio (basurero del municipio Cocula, Guerrero); no se reúnen las condiciones para que eso se diera la madrugada del 27, dijo Ortega.

Esa es la razón, señaló en entrevista, por la cual nosotros decimos que la investigación debe continuar.

“Consideramos que en ese espacio, según versiones, ha sido un lugar en el que han ejecutado a personas y, por lo tanto, sabemos que no pudieron haber sido los estudiantes (los quemados) sino otras personas.

Consideramos que pudieron quitarle una parte del cuerpo a los estudiantes, pero eso no quiere decir que estén muertos. Por eso decimos que la búsqueda debe seguir.

Igualmente, agregó, es necesario ampliar las declaraciones de los estudiantes sobrevivientes al ataque, en el sentido de que hubo participación de militares en los hechos.

Exigimos que se abra la investigación, que se dé a conocer la verdad ahí también con ellos (militares), dijo.

El caso Ayotzinapa es analizado por los nuevos funcionarios de la PGR, del primer círculo de la procuradora Arely Gómez, así como de otras instancias del gabinete de seguridad. En un reporte interno de la PGR se detallan las acusaciones a los 105 detenidos.

Por la Secretaría de Gobernación toca al subsecretario Roberto Campa, nuevo responsable del área de Derechos Humanos, atender el caso, en especial a las víctimas y, junto con la cancillería, de las solicitudes de información y acción que les formulen los expertos de la CIDH.