París.

Los diputados franceses adoptaron este martes un controvertido proyecto de ley sobre los servicios de información, defendido por el gobierno en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero muy criticado por el riesgo de una vigilancia masiva.

El texto fue aprobado en primera lectura por 438 votos a favor, 86 en contra y 42 abstenciones. El primer ministro socialista, Manuel Valls, celebró la sanción del texto, porque preserva las libertades fundamentales y enmarca la actividad de nuestros servicios de inteligencia y los provee de mayores medios. Tras la votación en la cámara baja, el Senado deberá pronunciarse sobre la iniciativa a finales de mes y aún puede ser modificada. Espero que sea aprobada antes del verano para que entre en vigor lo antes posible, añadió Valls.

El proyecto estaba en preparación antes de los atentados yihadistas de enero en París, pero los ataques reforzaron su legitimidad, a ojos del gobierno.

Aunque el presidente François Hollande ha anunciado que recurrirá al Consejo Constitucional al término del trámite parlamentario para garantizar un texto totalmente conforme a la ley fundamental, esa promesa no ha calmado a los numerosos detractores.

Entre los opositores a la iniciativa figuran la extrema izquierda, la extrema derecha, ecologistas, sindicatos de magistrados, de periodistas, y asociaciones como Amnistía Internacional. También la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo alertó contra los límites de esta ley y pidió guardafuegos legislativos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

El proyecto de ley define al mismo tiempo las misiones de los servicios de información y el régimen de autorización y control en el uso de técnicas de espionaje (de escuchas telefónicas a acceso a datos, cámaras de vigilancia, etcétera).

Mientras, la justicia abrió una investigación contra Robert Ménard, alcalde de Béziers, ciudad del suroeste del país gobernada por la extrema derecha, por haber realizado, presuntamente, un recuento de alumnos musulmanes a partir de sus nombres. En Francia la ley prohíbe al gobierno realizar estadísticas sobre la etnia o la religión de la población.