En las dos semanas recientes, al menos 17 narcotraficantes y operadores ‘‘confesos’’ de diversos grupos criminales fueron liberados, luego de que tribunales federales con sede en los estados de Jalisco y Tamaulipas cancelaron las condenas carcelarias por haber quedado acreditado que los policías y/o militares que los aprehendieron utilizaron métodos de tortura para obtener sus confesiones.

Los recientes criterios emitidos por diversos tribunales federales (unitarios y colegiados de circuito) se han homologado en meses recientes, luego de que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un protocolo nacional que rige la actuación de los juzgadores ante situaciones comprobadas de tortura y los obliga a otorgar la libertad de un preso que haya sido sujeto a tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando una fiscalía hubiera aportado pruebas de su plena en el delito que se le impute.

De acuerdo con registros del Poder Judicial Federal (PJF) consultados por La Jornada, los magistrados del primer y tercer tribunales unitarios de Jalisco, así como los juzgadores del segundo colegiado de Tamaulipas, ordenaron la libertad inmediata de varios integrantes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa; 14 de los delincuentes condenados y confesos que obtuvieron su libertad pertenecían al cártel del Golfo.

El magistrado federal José Montes, del tercer tribunal unitario de Jalisco, ordenó la inmediata libertad de los inculpados, luego de 5 años y 10 meses de reclusión, al estimar que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo probar que sus confesiones fueran lícitas.

‘‘De las constancias narradas con anterioridad se desprende que los acusados fueron golpeados, sin que el Estado haya demostrado que fue voluntaria la confesión que rindieron ante el Ministerio Público del fuero común en Guanajuato’’, sostiene la resolución.

En cumplimiento a diversos amparos concedidos por el tercer tribunal colegiado de Jalisco, Montes Quintero revocó la sentencia de 10 años de prisión que él mismo había dictado contra los acusados por delincuencia organizada y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, y determinó que no cometieron ningún ilícito.

En otra resolución emitida por el segundo tribunal colegiado de Tamaulipas, tres operadores del cártel de Sinaloa, detenidos en agosto de 2011 y torturados por los militares que los aprendieron, también quedaron en libertad, según registros del Poder Judicial Federal.

En el operativo de captura realizado en el estado de Tamaulipas, los militares ingresaron a un domicilio sin contar con orden de cateo expedida por un juez federal competente, por lo que el tribunal colegiado consideró que las pruebas recabadas en el domicilio (armas, dinero y otros objetos que utilizaban los imputados para delinquir) ‘‘carecen de cualquier valor probatorio’’.

Todos los delincuentes confesos ya abandonaron los centros federales de readaptación social números 12, 13 y 14, ubicados en Ocampo, Guanajuato; Miahuatlán, Oaxaca, y Gómez Palacio, Durango, según precisan las sentencias judiciales. Los nombres de los liberados se reservan.