El derecho a la protesta y a la libre expresión de las ideas se ha visto limitado a escala global debido al uso desmedido de la policía militarizada, que en no pocas ocasiones se enfrenta, reprime y detiene violentamente a los manifestantes, sumado al uso de procesos judiciales ambiguos contra los ciudadanos aprehendidos.

Así lo expusieron integrantes de Amnistía Internacional (AI) de Brasil, México y Venezuela durante el foro No más violencia en la protesta, organizado por la agrupación internacional como parte de las actividades por la apertura de su oficina regional para las Américas, que tiene sede en México.

Expusieron la forma en que las fuerzas del orden actúan contra los manifestantes, pues, sin importar la ideología política del gobierno de cada país, la forma de acción contra quienes salen a las calles es muy parecida. Asimismo, destacaron que los defensores de derechos humanos enfrentan grandes retos para hacer valer la libre manifestación.

Chazel Colorado, de AI México, indicó que durante las manifestaciones sociales en el país en ocasiones los elementos de las fuerzas de seguridad incurren en violaciones a varios de los derechos humanos de quienes protestan.

Dos fenómenos que AI ha podido identificar, sobre todo a partir de las actividades para exigir justicia por la agresión, ejecución y desaparición de normalistas de Ayotzinapa, son que hay actores profesionalizados infiltrados en las manifestaciones para generar violencia, y a partir de esto se dan detenciones arbitrarias de ciudadanos, a quienes se siguen procesos penales con la intención de desmovilizarlos.

La activista planteó que la política de represión se incrementó con la llegada del actual gobierno (el de Enrique Peña Nieto), además de que se presentaron en el país 20 iniciativas legislativas para limitar el derecho a la protesta social, las cuales facultan el uso excesivo de la fuerzas del orden; se permite a los militares tomar el mando único y ampliar el número de detenciones durante las movilizaciones.

Consideró que la razón por la que las autoridades mexicanas han apostado al olvido de las violaciones a los derechos humanos, como la masacre de San Fernando, el caso de los normalistas de Ayotzinapa, las agresiones contra los migrantes, entre otras, es porque no se ha podido elevar el costo político contra los actores institucionales que vulneran estas garantías. Un ejemplo claro, indicó, fue la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Atila Roque, director de AI Brasil, planteó que en su país, como en muchos otros, los elementos policiacos actúan de forma idéntica para reprimir la protesta: ataviados con trajes especiales para evitar ser agredidos, usan contra los manifestantes armas no letales como gas pimienta y lacrimógeno, balas de goma y pistolas de choques eléctricos, entre otras.

Se trata, dijo, de una lógica que tiene su base en la criminalización de la protesta y el disenso. Sin importar las diferencias ideológicas de los gobiernos, este tipo de operativos se aplican bajo el mismo método de contención violento.

Marcos Gómez, director de AI Venezuela, destacó el poder que hoy en día representan para los ciudadanos el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales con el propósito de denunciar los abusos de autoridad.

Ejemplo de ello, aseveró, se da cuando una persona logra captar las agresiones y hasta ejecución de un manifestante por parte de elementos de seguridad y de inmediato se comparte en redes sociales.

Sin embargo, acotó que los defensores de derechos humanos deben estar atentos a este tipo de materiales, y antes de emitir cualquier pronunciamiento verificar su autenticidad, pues se han dado casos no verídicos que han generado gran revuelo e indignación, pero estos una vez descubierto que eran montajes la protesta se vio perjudicada.