Mas de mil habitantes de diversos fraccionamientos del estado de México que obtuvieron de un juez las órdenes de aprehensión contra representantes legales de la desarrolladora de vivienda Urbi Desarrollos Urbanos, acusados de fraude, presentaron este martes un escrito petitorio dirigido a Jorge Carlos Hurtado Valdez, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a fin de que gire las instrucciones correspondientes para que inicien una investigación en contra de diversos funcionarios mexiquenses que habrían manipulado el sistema de control de órdenes de aprehensión que controla la policía ministerial del estado, con el fin de favorecer a abogados de la empresa de vivienda.

El escrito, entregado al titular del SNSP, está firmado por más de mil denunciantes, representados por la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD).

Se trata de colonos poseedores de créditos para la adquisición de viviendas de interés social, quienes con el apoyo del frente mexiquense han presentado denuncias penales e iniciado infinidad de juicios mercantiles contra la empresa Urbi y otras vivienderas, a las que acusan de haberles vendido casas que no contaban con todos los servicios públicos que ofrecían y a un sobreprecio de hasta 40 por ciento de su valor real.

Con fundamento en diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, venimos a solicitarle que en la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se incluya en el orden del día el contenido de la presente denuncia, para que se inicie una investigación contra el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas; el procurador de Justicia mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y el comisario general de la policía ministerial, vicealmirante Mauricio Crispín Hernández, indica el escrito elaborado por el FMDVD y firmado por los colonos.

Según los inconformes, esos funcionarios mexiquenses, en especial el vicealmirante retirado de la Armada Crispín Hernández, permitieron y/o manipularon el sistema de control y seguimiento de órdenes de aprehensión de la procuraduría mexiquense, y con ello incumplieron con el requerimiento de ejecutar las medidas cautelares para detener a los representantes legales de Urbi Desarrollos Urbanos, Sergio Armando Guevara Márquez y René Jaime Mungarro, quienes enfrentan acusaciones por el delito grave de fraude de fraccionadores, lo que se traduce en impunidad.

Entre las pruebas que aportaron los colonos de fraccionamientos ubicados en los municipios de Tecámac y Cuatitlán Izcalli, estado de México, destaca la resolución de un juez federal de amparo con sede en Naucalpan, en la que el propio juzgador sostiene que se aprecia la manipulación evidente del manejo de la información restringida para el control de las órdenes de aprehensión.