Las entidades mexicanas fronterizas con Estados Unidos incrementarán en más de 200 por ciento su capacidad instalada para generar energía renovable, con lo que pasarán de 4.7 por ciento a 14.51, adelantó a La Jornada el Centro Wilson.

Señala que la energía eólica y la solar son especialmente robustas y marcarán el camino en el desarrollo de la región fronteriza de energía limpia, precisa el análisis de próxima publicación. Destaca que actualmente las energías renovables representan para México 25 por ciento de la generación de electricidad nacional y podrá alcanzarse el compromiso de llegar a 35 por ciento para 2024 con una mayor apertura para la generación privada de electricidad.

En uno de los estudios previos, el instituto señala que así como México necesita infraestructura, Estados Unidos necesita energía, por lo que sugieren un intercambio de energía por infraestructura. Se refiere al Report of the Independent Task Force on the Future of North America, que subraya que México posee una de las más grandes y seguras reservas de energía de todo el mundo.

En este sentido, sostiene que la inestabilidad en el Medio Oriente representa una oportunidad conveniente para ambos países, en la que por medio de una estrategia de dos pasos podrían verse beneficiados.

Considera que como primer paso, Estados Unidos impulsaría la creación de un Fondo Norteamericano de Energía (NAEF, por sus siglas en inglés), que emitiría 75 mil millones de dólares en deuda respaldada por los ingresos petroleros (no por el petróleo en sí) para financiar las inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en desarrollo, producción de petróleo y gas natural. Esta producción adicional podría aminorar la dependencia de Estados Unidos con el Medio Oriente.

En un segundo paso, los ingresos netos de este aumento en la producción estarían destinados a un Fondo de Desarrollo Mexicano (FDM), el cual a su vez invertiría en el desarrollo de infraestructura para incrementar la productividad.

Para que el plan funcione adecuadamente necesitaría ser consistente con la Constitución Política vigente en México, ser llevado a cabo por Pemex e incluir un sistema de control independiente que garantice el uso transparente de los fondos y su desvinculación de conflictos de intereses.