Río de Janeiro.

Una enmienda aprobada por la Cámara de Diputados de Brasil redujo el poder de la presidenta Dilma Rousseff para elegir nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, y además aplazó la votación del ajuste fiscal, cuyo aval inmediato es vital para el gobierno.

Los diputados aprobaron la noche del martes elevar la edad de jubilación de los ministros del máximo tribunal y otros dos tribunales federales de 70 a 75 años por 333 votos a favor, 144 en contra y 10 abstenciones. La enmienda, que ya había sido aprobada por el Senado, implica que Rousseff no podrá remplazar a cinco ministros que cumplirían 70 años durante su segundo mandato.

Se espera que la propuesta sea promulgada en una sesión conjunta de las dos cámaras el jueves.

El golpe a la presidenta en el Congreso ocurre en momentos en que Rousseff busca un consenso para aprobar medidas de austeridad para sanar las cuentas públicas. Aliados al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) se han manifestado en contra de las medidas.

La aprobación de la enmienda que modifica la edad de jubilación de los ministros ocurrió horas después de un cacerolazo en varias ciudades de Brasil, mientras se transmitía un anuncio del PT, en el que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aparecía para declararse en contra de un proyecto de ley que libera de manera general la contratación de trabajadores tercerizados (outsoursing, o subcontratación).

El anuncio del partido gobernante, en el que también se prometía combatir la corrupción, desató gritos de protesta como fuera PT, fuera Dilma de manifestantes en Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro, entre otras localidades.

Paralemente al cacerolazo, quienes apoyan al gobierno también se hicieron sentir en las redes sociales, con numerosos mensajes a favor de la mandataria y su partido.

En tanto, el presidente del Congreso brasileño, el conservador Eduardo Cunha, es investigado por la fiscalía general por su presunta implicación en el escándalo de corrupción vinculado a la Operación Lava Jato Operación Limpieza) en Petrobras. Cunha niega su implicación en el caso.