n día después de que el gobierno de Estados Unidos levantó la prohibición de los viajes en ferry a Cuba, medida que se mantenía vigente desde que se implantó el embargo, en 1960, se anunció que la primera empresa naviera autorizada para administrar y operar una ruta de transporte marítimo entre Miami y La Habana será la mexicana Baja Ferries. Dicha empresa, que prevé una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares, calcula transportar alrededor de mil pasajeros por viaje.
En el contexto del anuncio realizado hace casi seis meses por los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro de restablecer relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, la rehabilitación de los servicios de transporte de carga y pasajeros entre los territorios cubano y estadunidense es una medida saludable y de obvia necesidad. Debe recordarse que, tan sólo a raíz del anuncio referido y sin que hubiese mediado aún cambio alguno en la regulación de ambos países, en enero pasado se incrementó 16 por ciento el flujo de turistas a la isla, de acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba.
El reinicio de los viajes en ferry mejorará, sin duda, la vida de miles cubanos y de estadunidenses con familias en Cuba, y permitirá restañar en alguna medida el sinsentido que privó de legítimas oportunidades de negocio, durante décadas, a habitantes de ambos países.
En el ámbito político es de suponer que el restablecimiento de transporte de pasajeros y de carga contribuirá a vencer las resistencias que persisten en varios sectores de la sociedad estadunidense con respecto al descongelamiento de las relaciones entre Washington y La Habana, en la medida que mostrará los efectos benéficos de ese acercamiento y mermará el respaldo, antes hegemónico, al bloqueo económico a Cuba por la clase política del país vecino del norte.
Por supuesto, ninguno de los avances obtenidos hasta ahora en la perspectiva de la normalización de relaciones entre Washington y La Habana es suficiente para revertir la injusticia histórica que sigue cometiéndose día tras día contra el pueblo cubano en tanto no se deroguen las injustas leyes estadunidenses en que se fundamenta el embargo comercial impuesto a la isla hace más de medio siglo. Cabe esperar, por ello, que el clima de opinión favorable a la superación del conflicto entre Washington y La Habana avance en forma sostenida y se traduzca en una presión hacia los órganos legislativos estadunidenses para que sean derogados los fundamentos legales del bloqueo y se termine de poner fin a una política que desde hace mucho tiempo concita el repudio de la opinión pública internacional.