n la medida en la que se acerca la fecha fatal del 12 de mayo, cuando el gobierno griego tiene que hacer un importante pago al FMI por 746 millones de euros y pocos días después desembolsar otros 2 mil 800 millones de euros en pagos por bonos del Tesoro, los acreedores parecen haber logrado descartar las distintas propuestas del nuevo gobierno griego. El grupo europeo ha negociado con dureza, buscando alinear al FMI a sus posiciones. Aunque el FMI y la Comisión Económica mantienen puntos de vista diferentes, han desarrollado una negociación en la que han planteado que sólo existen dos escenarios posibles: primero, frente a la presión de la troika, las instituciones
, el gobierno de Syriza acepta un acuerdo, consistente en mantener los términos del ajuste acordado por el gobierno anterior; segunda, el gobierno griego se ve forzado a romper las negociaciones, advirtiendo a sus acreedores que no cumplirá con los pagos, lo que implica salir del euro.
El gobierno griego, por su parte, desarrolló una estrategia basada en la idea de que era posible convencer a sus socios europeos e internacionales que las líneas maestras del programa económico acordado por los gobiernos anteriores y la troika no lograron las metas previstas, porque simplemente no podían hacerlo. La imposición de un drástico programa de austeridad, diseñado para lograr que en un plazo determinado se redujera el cociente deuda pública/PIB a una proporción manejable, implicó necesariamente lograr un superávit fiscal que permitiera pagar los compromisos de la deuda. A cinco años de su puesta en práctica ha hundido a la economía griega y devastado a su población, sin lograr la meta buscada. Varoufakis ha llamado a esto la trampa de la austeridad
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En la negociación los griegos han tratado de convencer a sus acreedores que haber implementado una devaluación interna drástica, reduciendo significativamente salarios y pensiones, eliminando protecciones laborales y privatizando activos públicos relevantes no ha logrado que la economía griega se recupere, ya que las exportaciones no crecieron lo que hacía falta. Esta trampa de las reformas
, en opinión del gobierno de Syriza, tiene que superarse con un programa que racionalice el sistema pensionario, que aumente la recaudación tributaria a través de una comisión independiente, que fomente la creación de empresas, al tiempo que se busca recuperar mecanismos de protección social indispensables para que la crisis social se detenga y se vayan recuperando los niveles de vida anteriores a la crisis.
Todo indica que el planteo griego no ha sido aceptado. Los escenarios efectivamente se han cerrado a aceptar el programa de austeridad anterior o bien salir del euro. Ambos suponen una derrota estratégica para Syriza, así como para los electores griegos, a quienes se advierte que independientemente de sus decisiones políticas fundamentales, el rumbo de Grecia lo deciden los acreedores. Para el gobierno griego, electo justamente con el mandato expreso de cambiar los términos acordados con los acreedores, estas salidas no pueden ser asumidas sin consultar a quienes les llevaron al gobierno con un mandato específico. El mandato recibido por Syriza de sus electores no implicaba salir del euro, pero sí modificar los términos del programa económico acordado por la troika y los gobiernos anteriores.
Cualquiera de las dos salidas enunciadas implica incumplir el mandato electoral. Por ello es indispensable que el gobierno griego consulte a sus electores, tal y como Tsipras lo planteó a sus socios europeos. La respuesta de los ministros europeos fue que no convenía hacerlo. Se trata, de nuevo, de si los electores griegos pueden decidir el rumbo que tomará su país en el futuro inmediato. Para la troika no hace falta esta consulta, el gobierno de Grecia puede y debe aceptar. Syriza no puede aceptar el dilema al que sus acreedores le han llevado y tomar una decisión. La palabra no la tiene el gobierno, sino los electores.
