El juzgado segundo de distrito negó el amparo a una empresa involucrada en el desvió de más de 287 millones de pesos en el estado de Guerreo –en el que están involucrados familiares del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero–, misma que fue inhabilitada en 2014 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), debido a que incumplieron un contrato para la construcción de infraestructura hidráulica en Hidalgo.

El 20 de agosto de 2014, la SFP prohibió a todas la dependencias del gobierno federal contratar los servicios de Comercializadora 2003 SA de CV, y de otras dos compañías constructoras, debido que no formalizaron un contrato que les adjudicó la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado de esa entidad.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal (PJF), el órgano jurisdiccional consideró que el acto de inhabilitación de la empresa constructora estuvo apegado a reglamentos y leyes administrativas aplicables, por lo que no otorgó la protección de la justicia federal.

De acuerdo con el expediente del juzgado federal en materia administrativa, la inhabilitación de la SFP derivó del incumplimiento a un contrato derivado de la licitación pública nacional NO. LO-913023989-N129-2012, convocada para la construcción de un emisor, colectores y una planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Xochihuacán, Epazoyucan, Hidalgo.

Comercializadora 2003 interpuso una demanda de nulidad y el 26 de enero consiguió que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa suspendiera el pago de la multa, pero no frenó la inhabilitación que tendrá vigencia hasta el 3 de septiembre, por lo que recurrió al juicio de amparo.