Centroamérica cuenta con políticas públicas que al menos en papel parecen ofrecer un buen marco de protección para la niñez; sin embargo, las evidencias muestran una profunda falta de capacidad institucional para hacer valer dichas leyes, afirmó Óscar Chacón, director de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), tras señalar que el desafío es particularmente cierto ante el caso de niños y familias deportados por Estados Unidos, al igual que los que ha deportado el gobierno de México.

Para el responsable de la organización con sede en Chicago, si lo que se busca es salvaguardar la seguridad y la vida, Estados Unidos no puede dar la espalda a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Tras un recorrido por Guatemala, Honduras, El Salvador y México, luego de la oleada de menores no acompañados que intentaron cruzar la frontera de Estados Unidos, Chacón destacó que la violencia en la región es de carácter estructural, sigue vigente y está dirigida contra los niños.

Centroamérica es y seguirá siendo muy peligrosa. Honduras es el país más violento del mundo, de acuerdo con el Reporte de Homicidio Global 2013 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. El Salvador y Guatemala ocupan los lugares cuarto y quinto. La violencia se dirige cada vez más contra la niñez, e incluso las escuelas ya no son consideradas lugares seguros debido a las presiones de pandillas y del crimen organizado contra alumnos y maestros.

Subrayó que la mayoría de personas deportadas, incluidos los menores de edad no acompañados, provienen de México: individuos, grupos familiares y menores de edad están siendo regresados a los tres países visitados.

Esto contribuye a que las facilidades para recibir y reintegrar a los niños sean débiles o inexistentes. Ninguno de esos países tiene programas para enfrentar los retos sociales y económicos de mediano y largo plazos que supone la reintegración de los deportados.