El grupo parlamentario del PT en el Senado solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) revisar la decisión del gobierno federal de reservar por cinco años los nombres de las primeras empresas privadas que han solicitado contratos, asignaciones, licencias o permisos para explotar hidrocarburos.

El senador David Monreal señaló que esa determinación de mantener en secreto la identidad de los dueños de los consorcios que negocian los contratos petroleros hasta 2020 no se sustenta en los criterios de confidencialidad previstos en la reforma energética.

La decisión de acudir al órgano de transparencia, que luego de la reciente reforma constitucional cambió el nombre de Ifai a Inai, se debe a que es posible que la Secretaría de Energía (Sener) pretenda esconder las probables evidencias de corrupción e irregularidades que podrían existir en la asignación de contratos.

Destacó que la reforma energética no tocó el tema de transparencia y rendición de cuentas ni la corrupción, y sobran casos de malos manejos, enriquecimiento ilícito y conflictos de interés para sospechar de la confidencialidad con la que se maneja el gobierno de Enrique Peña Nieto respecto de las empresas privadas que se beneficiarán con la privatización del Petróleos Mexicanos.

Explicó que este año el gobierno federal deberá dar a conocer la adjudicación de las áreas que licitará en la llamada ronda uno, pero hasta 2020 será posible conocer los nombres de los empresarios que hoy están construyendo acuerdos para beneficiarse con la reforma energética.

Monreal consideró un exceso clasificar la información por cinco años, con argumentos insuficientes de la Sener que no pueden ocultar que se vulnera el derecho a la información que la ciudadanía reclama, sobre todo en la entrega del petróleo a trasnacionales.

Recordó que la reforma energética, aprobada por PRI y PAN, fue ampliamente rechazada por la ciudadanía y ahora Peña Nieto parece terminar la tarea al generar un clima de opacidad que propicia las prácticas de corrupción que caracterizan las relaciones de la clase política con la empresarial.