Una niña de 10 años está embarazada. Fue violada por su padrastro y se le negó la posibilidad de interrumpir el proceso con el argumento de que ella está bien, no se está muriendo. Eso ocurre en Paraguay, aunque la ley permite el aborto cuando se pone en riesgo la salud y la vida de la gestante. Amnistía Internacional (AI) afirma que esa y otras regulaciones excesivas que existen en América Latina y criminalizan a las mujeres son violatorias de sus derechos humanos.

El caso de la niña es visible en aquella nación sudamericana, pero hay otros miles de mujeres en la región que abortan si lo deciden aunque la ley lo prohíba. Eso las coloca en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo, afirmó Ana Piquer, directora de AI en Chile.

Subrayó que la persecución legal y amenaza de cárcel para las mujeres que buscan la interrupción del embarazo, pero se les obliga a llevarlo a término, es equivalente al delito de tortura. Es, subrayó, un trato inhumano y degradante.

La especialista participó en una conferencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que forma parte de los actos organizados en torno a la apertura de la oficina de AI en la ciudad de México.

Comentó que la organización aboga por los derechos sexuales y reproductivos porque éstos también son derechos humanos, lo que necesariamente incluye la interrupción legal del embarazo. En esa medida, es obligación del Estado garantizar el acceso de las personas a la información clara y confiable, así como a los servicios de salud que requiera para llevar a cabo sus decisiones, como es el número y espaciamiento de sus hijos.

En el foro, Pedro Santiago, de AI Puerto Rico, comentó las acciones en que la organización ha participado, como apoyar la iniciativa para que se incluyera la perspectiva de género en los planes de estudio de la educación básica, lo que se logró el año pasado.

Para ello, recordó, hubo que vencer la resistencia de grupos conservadores que salieron a las calles con consignas como: Protejamos la inocencia de nuestro futuro. Dile no a la perspectiva de género.

Silvia Toledo, integrante de AI Perú, comentó el caso de las esterilizaciones forzadas que se realizaron entre 1996 y 2000, con las cuales el gobierno pretendió que el país cumpliera con metas de planificación familiar.

El problema fue que se violaron los derechos humanos de más de 300 mil personas, la mayoría mujeres, y que hasta ahora no se ha investigado ni sancionado a los responsables.

AI promueve en aquel país una acción urgente para evitar que el caso se vuelva a archivar. La activista resaltó que se conocen los casos de al menos 2 mil mujeres, muchas de ellas con afectación en su salud y vida personal por la cirugía a la que se les sometió sin su consentimiento.