Como parte de su respuesta a una solicitud de información relacionada con el desempeño del Ejército Mexicano en el municipio de Tlatlaya, estado de México, entre enero de 2014 y el primer mes de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que sus elementos no participan en enfrentamientos, los cuales son acciones de violencia realizadas exclusivamente entre grupos delictivos mediante la utilización de armas de fuego para preservar zonas estratégicas para el trasiego o venta de drogas.

En la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)en la cual un particular solicitó el número de elementos desplegados en Tlatlaya, batallones que han estado en la zona, enfrentamientos registrados, personas detenidas, armas y vehículos asegurados, así como civiles y soldados fallecidos, el Ejército informó que mantiene en la zona un promedio de 60 elementos coadyuvando con las autoridades encargadas de la seguridad pública, e indicó que es el 102 batallón de infantería el que tiene la responsabilidad.

La resolución aprobada por el pleno del Inai –elaborada por el comisionado Joel Salas– recoge información de una respuesta previa en la que la Sedena asegura no tener registro alguno de soldados fallecidos en Tlatlaya, a pesar de que reporta que en el periodo de la solicitud (enero de 2014 a enero de 2015) se han producido tres agresiones al personal militar en marzo, junio y octubre del año pasado, con un saldo de dos personas fallecidas en marzo.

Estadísticas a medias

Sin embargo, la Sedena hace la precisión en cuanto a la petición sobre el número de civiles fallecidos en el municipio mexiquense, pues subraya que sólo contaba con esta información entre el primero de enero y el 5 de abril de 2014, ya que después de esa fecha dejó de llevar la estadística en este rubro, por tratarse de una atribución de la Procuraduría General de la República.

Tlatlaya surgió en el panorama internacional cuando el 30 de junio pasado 22 civiles murieron presuntamente en un enfrentamiento entre el Ejército y personas armadas. Sin embargo, investigaciones posteriores derivaron en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que: después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a una bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas.

De acuerdo con el resolutivo del Inai, la Sedena acreditó no contar con la información despues de esa fecha, orientando al solicitante a acudir a la PGR, pues cuenta con atribuciones para conocer de la materia, ya que, de acuerdo con el Manual del uso de la fuerzas armadas, que rige la actuación del personal castrense, cuando en el lugar de los hechos resultaran personas civiles o militares muertos o heridos, los soldados se abocan sólo a la preservación del lugar de los hechos y el resto es facultad del Ministerio Público Federal.

En la resolución del Inai se considera que la respuesta de la Sedena es apropiada y sólo le ordena notificar que ha informado al particular oficialmente de la inexistencia de la información relativa al número de civiles fallecidos en el marco de las agresiones al personal militar y perteneciente a la Sedena en el periodo comprendido entre el 6 de abril y el 31 de enero de 2015.