La juez federal Emma Gaspar Santana emplazó a Grupo México para que responda lo que a su derecho convenga respecto de la demanda de acción colectiva que presentaron los abogados David Álvarez y Luis Manuel Pérez de Acha, en representación de centenares de personas por los daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que podría incrementar exponencialmente los costos que ha enfrentado la empresa por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico.

Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) informaron que el juzgado octavo de distrito en materia civil, a cargo de Emma Gaspar Santana, aceptó certificar como acción colectiva difusa la demanda presentada en agosto de 2014 por los abogados Álvarez y Pérez de Acha, y emplazó a Grupo México a presentar su escrito denominado de excepciones y defensas.

Tras el derrame de ácido sulfúrico a los ríos Bacanuchi y Sonora, Grupo México pagó una multa de 40 millones de pesos impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y depositó 2 mil millones de pesos en un fideicomiso para reparar daños, cantidades relativamente menores ante el tamaño de la firma, que tiene ventas anuales por más de 140 mil millones de pesos, explicó el abogado Pérez de Acha.

El mes pasado, en diversas entrevistas, David Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa AC, explicó que la certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia en favor de los demandantes, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado mediante las acciones que ordene el juez, cuesten lo que cuesten, y también lo obligará a aplicar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental.

A su vez, Pérez de Acha precisó que si materialmente fuera imposible reparar el daño al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación, tal como estaba antes de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización destinada al fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos.

La cantidad a pagar será calculada por la juez a partir de consultas a expertos en temas ambientales y a la Profepa.

Previamente, la juez recibirá el escrito de excepciones y defensas, redactado por abogados de Grupo México, mediante las cuales podrán desvirtuar la demanda de acción colectiva.