El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos insistió ayer en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría General de la República (PGR)’’ a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.

Consideran que esta diligencia es ‘‘clave’’ en el proceso de esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ de los hechos la noche del pasado 26 de septiembre.

Al rendir el tercer reporte de avances de la misión, desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad a dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses–, integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre el grave riesgo de impunidad que podrían entrañar las referencias recabadas por la delegación sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, denunciadas por varios de los presuntos responsables detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, señalados por la PGR.

En nombre de los cinco expertos del grupo, dos de ellos, Carlos Beristain y la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, explicaron ayer en conferencia de prensa las recomendaciones que han presentado al gobierno mexicano y que están pendientes de cumplimiento.

Entre las recomendaciones destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, en colaboración con sus padres y bajo un nuevo protocolo de búsqueda conforme a estándares internacionales. Subrayaron también la necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas en seis juzgados distintos, en cinco ciudades diferentes, donde son procesados un centenar de detenidos en tres penales de máxima seguridad: Altiplano estado de México), Tepic (Nayarit) y Puente Grande (Jalisco).

Anunciaron que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a México, acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Para la reunión con el mismo Abarca –recluido en Tamaulipas– no hay fecha aún, aunque se prevé que sea una de las últimas diligencias que realice el GIEI.

Admitieron que aunque desconocen todavía cuál es el nivel de involucramiento del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ‘‘obviamente es parte de lo que se deberá investigar’’.

‘‘Nos torturaron’’

Beristain y Paz confirmaron que, entre los 16 procesados con los que el GIEI se entrevistó en Tepic recientemente, ‘‘un número lamentablemente alto’’ refirieron haber sufrido tortura. En uno de los casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se preguntó a los expertos si, de confirmarse la tortura, esta circunstancia puede tirar el caso contra los implicados. Respondieron que una vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas con lo que está en el expediente y los reportes médicos para determinar la veracidad. ‘‘El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental’’ ya que, de confirmarse, tendría ‘‘consecuencias legales y un impacto muy negativo’’.

Beristain agregó: ‘‘Ha sucedido en casos que ustedes en México conocen muy bien’’. Añadió que ‘‘serán los jueces quienes valorarán si esas denuncias tienen confiabilidad y qué es lo que hay que hacer’’.

Los expertos indicaron que en esta tercera etapa se logró analizar el desarrollo de los hechos de la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, en más de 10 escenarios y momentos, con lo que tienen ya ‘‘mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques a los seis autobuses y otros vehículos’’.

Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que los delitos del caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas. Pero además, deben incluirse otros ilícitos graves como tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural de Ayotzinapa desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio, en el caso de Aldo Gutiérrez y Édgar Vargas, los dos que aún permanecen hospitalizados graves, después de siete meses.

Añadieron que hay otras irregularidades como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. ‘‘Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados’’.

Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, los expertos de la CIDH mencionaron que en el caso del joven que quedó en estado de coma, Aldo Gutiérrez, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus padres a obtener ‘‘una rápida segunda opinión’’ médica sobre sus posibilidades de recuperación. Esto último sigue pendiente.

En cuanto a la reactivación de las expediciones de búsqueda, informaron que el pasado 5 de mayo se realizó, por la mediación del GIEI, una reunión entre el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y un numeroso grupo de familiares de los 43 desaparecidos, en la que se acordó reiniciar esas tareas e incorporar a los padres en ellas.

Este contacto ocurrió meses después de la ruptura de comunicación entre las familias y el gobierno federal. La búsqueda continuará ‘‘hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos’’.

Unificación del expediente

Una de las recomendaciones centrales de los expertos al gobierno mexicano fue la integración de las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados de distintas ciudades (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y el estado de Jalisco) y el internamiento de los presuntos responsables detenidos hasta ahora en tres penales de alta seguridad (Tepic, Puente Grande y el Altiplano).

Apuntan que, de no unificarse la investigación sobre lo anterior, podría perderse ‘‘la visión integral de los hechos’’ y se corre el riesgo de ‘‘pérdida de evidencia para los acontecimientos conexos”.

Insistieron: ‘‘Se requiere de una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes considera esta medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera clave para determinar la responsabilidad y modus operandi’’.