Mexicali, BC.

El gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid y el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, aseguraron que no hubo allanamiento de morada por agentes de la policía estatal preventiva durante el operativo realizado el pasado sábado en el valle de San Quintín, que derivó en una serie de manifestaciones y bloqueos a la carretera Transpeninsular, y señalaron que se actuó con apego a la legalidad.

Ante representantes de los medios de comunicación, el mandatario estatal rechazó las denuncias de jornaleros e integrantes de la comunidad triqui del sur de Ensenada, sobre agresiones y arrestos en sus domicilios por los agentes; no obstante, reconoció que existe una videograbación en la que se habla del uso excesivo de la fuerza pública.

No hay más que una declaración que se ve en un video, y si así fue, que se presente formalmente la denuncia ante las autoridades correspondientes para darle el seguimiento puntual, señaló el gobernador de extracción panista.

Aseguró que el saldo del operativo fue de al menos seis heridos, pero no de gravedad, y una decena de detenidos; sin embargo, los jornaleros reportaron 70 lesionados por heridas de bala de goma, toletazos, pedradas y golpes, además de dos patrullas quemadas.

Vega de Lamadrid reiteró que la presencia policial en la zona fue por el llamado de un empresario agrícola que denunció la presencia de un grupo de personas que amagaban con incendiar su finca, denominada Rancho Seco.

Mencionó que el descontento de los campesinos empezó cuando el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava no cumplió su compromiso de reunirse con los jornaleros el viernes, en San Quintín.

El gobernador comentó que el día de los disturbios se comunicó por teléfono con el funcionario federal, quien aseguró que el próximo miércoles acudirá a San Quintín para atender las demandas de los trabajadores del campo.

Por su parte, Rueda Gómez advirtió que el movimiento del pasado fin de semana es encabezado por líderes sociales que no representan a los jornaleros de San Quintín, pues, dijo, 95 por ciento de los 23 mil trabajadores están laborando en los campos.

Aseguró que de esos 23 mil, 18 mil forman parte de organizaciones ajenas a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, cuyo contrato colectivo corresponde a otras agrupaciones.

Rueda Gómez indicó que no se tolerará que agentes externos desestabilicen la paz social de la entidad, ya que se ha detectado la presencia de infiltrados de la sección 22 pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Insistió en que no permitirá actos que atenten contra la seguridad y la realización de la jornada electoral, el próximo 7 de junio, así como el libre tránsito de personas y sus bienes.

A partir de ayer, el gobierno de Baja California instaló un módulo de la Procuraduría General de Justicia del estado en San Quintín, en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos, para recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos de jornaleros durante el operativo policiaco.

Por separado, el director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, señaló que las autoridades estatales deben dejar de encubrir la responsabilidad de la acción policiaca.