El PRI remitió un oficio al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en el cual solicita formalmente que ese organismo atraiga el proceso para los comicios en Sonora, ante la injerencia que ha tenido el gobernador de extracción panista Guillermo Padrés.

El tricolor argumenta la inacción de las autoridades electorales locales, así como de la propia junta local del INE, y la falta de actuación de las áreas de seguridad estatales ante las denuncias.

En el documento, firmado por el representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, se acusa a Padrés de intervenir en el proceso electoral y de favorecer un clima adverso para los demás contendientes, con acciones como la publicación y divulgación de conversaciones privadas alteradas, editadas o fragmentadas de la candidata priísta, Claudia Pavlovich.

Ramírez Marín desglosó un conjunto de inconformidades contra el rumbo del proceso, que hacen viable la atracción de los comicios por el INE: espionaje telefónico a los actores políticos locales, producto del indebido uso del sistema estatal de seguridad; acciones de evasión de impuestos en las que se vincula a Padrés y el candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara; la necesidad del gobernador de acciones que le garanticen el triunfo para encubrir actos delictivos, como la construcción de su presa particular.

Asimismo, agresiones al equipo de campaña de Pavlovich, en especial la del 14 de abril, cuando fue baleada la sede de la campaña priísta, así como la sistemática destrucción de propaganda.

Por todo ello, el PRI demandó que el INE instruya a la comisión de vinculación con los organismos públicos locales electorales para que realice diligencias que corroboren las violaciones mencionadas; la creación de una comisión especial de consejeros para que revise el comportamiento de la autoridad electoral local, y a partir de ello separe de su encargo a Octavio Grijalva Vásquez, Ana Patricia Briseño Torres y Ana Maribel Salcido Jashimoto.

Finalmente, se estima que encuentra asidero la petición de que el INE solicite el auxilio de la fuerza pública federal (Policía Federal, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano). Lo anterior, con el objeto de restablecer el orden público e institucional en Sonora, ello a la luz de que el instituto es responsable del correcto desarrollo de los comicios.

Por otro lado, el PRI presentó una denuncia para que se investigue el financiamiento presumiblemente ilegal de las campañas a gobernador del PAN en Querétaro y Baja California Sur, ya que se ubicaron conversaciones telefónicas entre Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, ambos candidatos, en donde una persona denominada Cors ofrece “otorgar seis kilos mensuales a la campaña de ambos”.