Por segundo año consecutivo los productores de trigo enfrentan una severa crisis, resultado de la caída de su precio internacional, la libre importación del grano por los grandes consorcios, el coyotaje e intermediarios existentes en la cadena de producción, pero también a la indolencia y tardanza con las actúan las entidades de la Secretaría de Agricultura encargadas de otorgar los apoyos y créditos al sector.

Durante el último semestre han caído de manera dramática los precios internacionales de los alimentos, donde los cereales –par­ticularmente el trigo– no han sido la excepción. En este lapso, el precio del grano en la Bolsa de Futuros de Chicago pasó de 310 a 220 dólares por tonelada, pérdida que no se recupera ni siquiera con el alza de la divisa, además de que regularmente a estos mercados sólo acceden los intermediarios que compran a los productores a un precio más castigado.

Ante esta caída los grandes consorcios consumidores de trigo o harina en el país han preferido importar el grano sin ninguna restricción, ante la inacción del gobierno federal. Para los productores de nada ha servido el aumento de la productividad por hectárea y la cosecha que en 2014 rebasó los 3.5 millones de toneladas, la más alta en los últimos tres años. Por segundo año consecutivo, se han hecho presentes las pérdidas y han aumentado también las deudas, dicen dirigentes de productores.

Ya en la etapa final de la cosecha, en varias entidades, sobre todo Sinaloa y Sonora, los productores han iniciado movilizaciones que incluyen el cierre y bloqueos de las principales carreteras.

Para Benjamín Castillo Valdez, presidente de la Unión Nacional de Productores de Trigo, el precio ingreso objetivo de 3 mil 750 pesos fijado por la Secretaría de Agricultura para este grano es insuficiente, debido al alza permanente que registran los costos de producción, entre ellos el combustible y los fertilizantes. Con este precio sólo aumentan las pérdidas, dijo. Trigueros del Valle del Carrizo, Sinaloa, exigen 6 mil pesos por tonelada.

Además, Castillo Valdez criticó la enorme lentitud y burocratismo con la que operan las entidades públicas encargadas del apoyo y crédito a los productores, que contribuyen a que éstos caigan en manos de los usureros y prestamistas para empezar a sembrar. De poco ha servido el aumento en los montos de los créditos si no llegan a tiempo. Si nos vamos a Financiera Rural, sí te presta, pero se tarda un chingo. (El crédito) te lo van dando con dos o tres meses de retraso, señaló.

A esta realidad, se suman los enormes problemas de comercialización, donde los agricultores deben recurrir a los intermediarios para vender su cosecha, sin ninguna posibilidad de darle un valor agregado a la cadena de producción. Ahí, las instancias gubernamentales han dejado de jugar un papel que es fundamental para los labriegos.

El dirigente lamentó no sólo que ninguno de los proyectos o programas presuntamente estratégicos que impulsa la Secretaría de Agricultura vaya encaminado a ayudar a los productores a dar ese valor agregado a la producción, sino que aquí no se subsidie directamente a los productores, cuando en todos los países lo hacen, incluso aquellos que en el discurso lo niegan.

Olivia Acuña Rodarte y Miguel Meza, investigadores de la UAM Xochimilco, han señalado que la apertura comercial que impusieron los organismos financieros internacionales a los países en vías de desarrollo –mientras los países desarrollados siguen subsidiando a sus productores–, fue determinante en la pérdida de la soberanía alimentaria del país.

“El abandono del Estado de sus funciones como regulador dejó el campo libre a las grandes empresas –trasnacionales y nacionales– comercializadoras de materias primas, las que en buena medida controlan el comercio de los cereales y de insumo como el fertilizante, las semillas y los herbicidas. Es decir, la mano invisible del mercado ha dado lugar a la mano visible de grupos empresariales que operan como verdaderos monopolios”, señalan en su estudio La crisis alimentaria y las alternativas de los productores de granos básicos en México.