Nueva York.

El Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró que existen ‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el ‘‘nivel de complicidad gubernamental’’ en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado, según documentos oficiales desclasificados y divulgados hoy por el centro de investigaciones independiente National Security Archive.

A la vez, otros documentos oficiales de Northcom desclasificados hoy confirman que el Departamento de Estado –sin aviso público– suspendió la asistencia estadunidense al Batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya, en el estado de México.

Un ‘‘grupo de trabajo sobre derechos humanos’’ de Northcom circuló un informe entre altos oficiales el 15 de octubre de 2014, señalando que las fosas comunes no relacionadas con los 43 normalistas, pero descubiertas durante las investigaciones de ese caso, ‘‘provocan interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia de cárteles en la región y el nivel de la complicidad gubernamental’’. Agregó que ninguno de los 28 cadáveres encontrados hasta esa fecha en las fosas pertenecía a los estudiantes desaparecidos.

El informe revela que los militares estadunidenses estaban preocupados por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, sobre todo por el involucramiento de las autoridades policiacas. El documento resume el curso de las investigaciones en México hasta mediados de octubre, reportando que el paradero de los 43 estudiantes normalistas aún no se sabía, pero que se habían encontrado nueve fosas comunes más.

El grupo de trabajo del Comando Norte –con sede en Colorado y encargado de programas del Departamento de Defensa en México, Canadá y Estados Unidos– también abordó la matanza de 22 personas en la comunidad mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado, por integrantes del Batallón 102 del Ejército.

Después del arresto de un oficial y siete soldados, el comando señaló que había ‘‘mayor aceptación de que los militares’’ estaban involucrados. Más aún, expresó preocupación de que esto podría obstaculizar el otorgamiento de asistencia militar estadunidense en esa región. ‘‘Si (el comandante de la zona militar) es implicado en una grave violación de derechos humanos, la zona militar entera y 10 mil integrantes serán inelegibles para la asistencia de cooperación en seguridad estadunidense’’, advirtió.

Otro documento de Northcom sobre Tlatlaya, fechado el 14 de enero de 2015, indica que el Batallón 102 ‘‘ahora es inelegible para recibir asistencia de Estados Unidos’’.

El National Security Archive comenta que el nivel sin precedente de cooperación e involucramiento de Estados Unidos con las fuerzas militares mexicanas en años recientes, se ha profundizado a la vez que se ha documentado un incremento en abusos de derechos humanos.

‘‘No hay respuestas fáciles a las interrogantes alarmantes provocadas por el número espantoso de fosas comunes que ahora se están descubriendo en México.

‘‘Lo que parece claro es que una estrategia estadunidense que ha invertido miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas en ese país en la última década… ha logrado poco en limitar los niveles epidémicos de violencia o la capacidad de los grupos criminales de comprometer funcionarios gubernamentales en todos los niveles’’, concluye el organismo.

Los documentos oficiales recién revelados, junto con muchos otros relacionados a estos casos pero anteriormente divulgados, se pueden consultar.