Tijuana, BC.

El juzgado primero de lo penal en el estado, con sede en San Quintín, fijó una fianza de 7 millones 815 mil pesos a cada uno de los tres jornaleros acusados de delitos de lesiones dolosas y daños en propiedad ajena por su presunta participación en los disturbios ocurridos en la colonia triqui de esta región del sur de Ensenada. A un cuarto implicado se le determinó una fianza de 542 mil pesos.

Los detenidos –cuya fianza total es de 24 millones de pesos– se encuentran en el penal de Ensenada y enfrentan cargos por daño a patrullas, a una tanqueta blindada y por lesionar a dos agentes de la policía estatal preventiva la mañana del sábado pasado, durante un operativo policiaco en esta comunidad.

Se trata de Aarón Francisco Gamboa Juárez, de 30 años, acusado de lesiones dolosas, daño en propiedad ajena doloso y delitos contra funcionarios públicos o agentes de seguridad pública, en este caso dos oficiales.

El juez primero de lo penal le fijó una fianza de 7 millones 815 mil pesos para garantizar la reparación del daño, y 8 mil pesos para la libertad personal, al igual que a Moisés Gil Velasco, de 28 años, quien enfrenta los delitos de daño en propiedad ajena intencional, aunque también se le determinó el pago de 10 mil pesos para obtener su libertad.

Un caso similar es el de Antonio Álvarez Cruz, de 34 años, acusado de provocar afectaciones a una tanqueta blindada, y enfrenta el delito de daños dolosos en propiedad ajena.

A Juan Carlos Chávez Santiago, de 27 años, se le procesa por daños en propiedad ajena intencional, al incendiar la patrulla 868, por lo que su fianza es de 542 mil pesos para garantizar la reparación del año y 10 mil pesos por la libertad personal.

El gobernador Francisco Vega rechazó que los policías hayan ingresado a los domicilios de esa colonia, e instó a que presenten denuncias quienes tengan pruebas, mientras que el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, insistió en que no tolerarán que personas externas al conflicto, a quienes no identificó, desestabilicen la paz social.

La respuesta de los residentes de la comunidad triqui fue la presentación, ayer, de cuatro denuncias penales en el módulo de atención que instaló la Procuraduría General de Justicia del estado, por el delito de lesiones contra quien resulte responsable.

Se calcula que pudieran presentarse más este miércoles, cuando reinicie la mesa de negociación donde estarán representantes de la Secretaría de Gobernación y del Senado, además de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.

En San Diego, California, el Frente Indígena de Organizaciones Binacional (FIOB) protestó frente al consulado de México para acusar a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Francisco Vega de desatender las demandas de los jornaleros del valle de San Quintín y después responder con represión.

José González, dirigente local del FIOB, advirtió que en caso de que la mesa de diálogo, a reanudarse en San Quintín, represente una treta para desesperar a los jornaleros, ellos promoverán un boicot contra empresas que importan productos agrícolas de ese poblado.

Organizaciones extranjeras proyectan enviar cartas a empresas que importan productos de San Quintín para pedir que revisen la forma en que viven las personas que los cosechan en esa región.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, dijo en Tijuana que el diálogo es la vía para resolver el problema de San Quintín, pero advirtió que los problemas de violencia deben enfrentarse con la ley.