Lima.

Empresarios mineros y la Iglesia católica demandaron una tregua para calmar las violentas protestas contra el proyecto cuprífero Tía María en el sur de Perú que ya dejan tres muertos, en momentos en que el gobierno evalúa declarar estado de emergencia en la zona. El mexicano Germán Larrea, presidente del Grupo México, es el dueño de Southern Copper, que opera el proyecto Tía María.

El gobierno debe buscar a los interlocutores para que esa tregua sea posible, y sentarse a dialogar con los otros actores, informó el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, en una entrevista publicada el jueves por el diario La República.

El prelado aseguró que la Iglesia puede mediar para apaciguar el conflicto, pero debe ser el gobierno el que lo pida oficialmente.

Pobladores de la provincia de Islay, en la región Arequipa, realizan protestas por más de 50 días en contra de Tía María, pues consideran que contaminará su agricultura. El proyecto, valorado en mil 400 millones de dólares, está a cargo de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper. Las protestas han dejado ya dos civiles y un policía muerto en Islay, además de decenas de heridos y daños.

Este jueves, manifestantes culminan un paro de tres días convocado en toda la región, y que se ha caracterizado por violentos choques con la policía y la toma de la Plaza de Armas de Arequipa, la capital, según reportes de prensa.

Entre los manifestantes hay un grupo radical llamado Los Espartanos –en alusión al ejército de Esparta, en la antigua Grecia–, que se cubren el rostro, usan escudos de madera y lanzan piedras con huaracas o guaracas (una honda de tela, arma tradicional andina).

Para contener las protestas, el gobierno envió el pasado sábado un contingente de las Fuerzas Armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona.

Nosotros estamos listos, pero no hemos decidido hacerlo porque creemos que todavía hay espacio para restablecer el diálogo, pero tienen que colaborar todos, comemntó el jueves a la prensa el presidente Ollanta Humala.

Debemos evitar que siga creciendo la violencia y dar una tregua porque ningún proyecto se puede imponer a la fuerza (...) Debemos tomarnos no menos de tres a cuatro meses para poder conversar, señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez. El dirigente del poderoso gremio aseguró que ha conversado con representantes de Southern Copper, quienes están de acuerdo con esta posibilidad.

No se puede suspender lo que no existe. No se ha iniciado la construcción, simplemente están los derechos otorgados, mencionó el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.

De acuerdo con los plazos fijados, se espera que Tía María entre en operaciones en 2017. El gobierno ha abogado por la convivencia entre la industria extractiva –clave para el crecimiento económico– y la agrícola en esa región agraria de Perú. Para ello ha convocado a un diálogo entre las partes, que es rechazado por los opositores a la explotación minera en la zona.

El gobierno ha dicho que no se utilizará agua del valle y que el tipo de minería que se aplicará no tendrá emisión de relaves, pero estas explicaciones no han calmado a los pobladores. A finales de marzo, ante las protestas, Southern estuvo a punto de dejar el proyecto, pero el gobierno intervino para impedirlo.

Esta semana, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, aseguró que suspendieron las conversaciones con la empresa, a raíz de una denuncia de un supuesto arreglo económico para levantar las protestas.

La denuncia periodística se basa en un audio del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, quien supuestamente admite que pidió dinero para alejarse de las manifestaciones. He pedido que el dueño de la empresa, el señor (Germán) Larrea (director ejecutivo del Grupo México), venga a Lima a aclarar este tema. Estoy a la espera de esa confirmación, dijo a la prensa. Southern emitió un comunicado negando su participación.