Opinión
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Hacia la silla del poder
T

odos sabemos, como decía Napoleón, que la guerra y las elecciones se ganan con billetes. En El poder de la silla, un documental dirigido por los periodistas y cineastas de Monterrey Diego Osorno y Andrés Clariond Rangel, el que así habla es el ex gobernador priísta Benjamín Clariond Reyes-Retana.

Que se sepa, Napoleón no acuñó esa frase, pero las elecciones en México sí se han ganado con billetes. Esto se pretende mantener en las que tendrán lugar el próximo 7 junio en Nuevo León. Por las figuras empresariales que la acompañan (Cemex, Vitro), la candidata del PRI al gobierno del estado, Ivonne Álvarez, menos pareciera querer formar gobierno que formar una sociedad anónima: una de las variantes de esta figura es la asociación público-privada, que ella propone en el manido y demagógico supuesto de que así se crearán más fuentes de trabajo. En la práctica, la figura de la APP no es otra cosa que legalizar la corrupción. Hasta ahora corruptores y corruptos han sido cómplices; en adelante serán socios.

Lanzada como puntera, y después de rehuir un par de debates, su posición en la intención de voto ha ido disminuyendo. A un mes de las elecciones, las encuestas, que con frecuencia acompañan la propaganda de quienes las pagan, le resultan adversas. El Norte y Hora Cero la ubican en el segundo lugar, y Saba Consultores en el tercer lugar, después de Rodríguez, el candidato independiente, y de Felipe de Jesús Cantú, el candidato del PAN. Dos diarios identificados con el PRI ( El Horizonte y ABC) la siguen manteniendo en primer lugar. El apoyo básico de Álvarez es el inducido desde el gobierno de Rodrigo Medina, pero ya le resulta contraproducente, como ocurrió a raíz de un acarreo de estudiantes de la universidad pública y, después de ese episodio envilecedor y atentatorio contra la autonomía universitaria, de otro donde participaron trabajadoras del IMSS. A grito desnudo corearon el apodo del independiente Rodríguez y culparon al PRI de su situación. Fue peor que un abucheo. Pero nada envenena más su campaña que la contracampaña de los escándalos en el seno de la familia Medina, en el poder.

El candidato del PAN, un político joven, ha sido alcalde de Monterrey –mezcla de credenciales aceptables y comisión de actos propiciatorios de la criminalidad en la capital de Nuevo León– y diputado federal. Ha podido conservar el segundo lugar en la mayoría de las encuestas; su campaña, empero, no ha podido avanzar lo suficiente para disputar el triunfo con fuerza. Son varios sus lastres: la presencia de un grupo vinculado al juego de azar, que antes estuvo al lado de Margarita Arellanes, la actual alcaldesa de Monterrey, y a la cual su defección le hizo perder la candidatura, y el grupo panista leal a ésta, en el que bulle el resentimiento; por otro tercer lado, el desafecto del sector identificado con el primer neopanismo y otros sectores.

Para reforzar la candidatura de Cantú se programó una serie de intervenciones con ciertas figuras de su partido: Josefina Vázquez Mota, Felipe Calderón, Santiago Creel y Diego Fernández de Cevallos. Salvo Vázquez Mota, las demás se hallan en el polo opuesto de la autoridad moral: fraude electoral, promoción de los casinos (la tragedia del Casino Royal es llaga viva), corrupción a puños.

Para el Blog del Bufón: Felipe Calderón, cuyo gobierno practicó el terrorismo de Estado, descalificó a El Bronco motejándolo de peligro para Nuevo León. El independiente pudo haberle agradecido, si no los votos de originalidad, sí la propaganda gratuita, hasta con elegancia. Respondió en buen lumpen.

Todos los partidos, desde el inicio de la campaña, han querido establecer una alianza con Fernando Elizondo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano. Le ofrecen el área que más conoce: las finanzas. El candidato de Morena ofreció un dream team, con otros de los candidatos participantes en la contienda, incluido, por supuesto, Elizondo. Ejercicio ficticio, sin duda; pero una coalición verdadera con sectores honestos de derecha-izquierda-centro y un programa concertado, posible e incluyente constituiría un poder público con un mecanismo interno de control y equilibrio, valores por ahora ausentes en el plano estatal y nacional.

La condición de que pudiera avanzar tal fuerza coaligada sería lo que desde abril de 2001 ha sido desterrado del discurso de líderes y partidos políticos: una profunda reforma del gobierno y del Estado. Sin ella, Nuevo León y el país continuarán sumidos en la actual crisis política.

En México las alianzas han tenido un carácter muy primitivo. Son la vía para repartirse el botín. No tienen la función de ofrecer, mediante la deliberación entre los partidos concurrentes, lo urgente: una transición democrática real hacia una sociedad cuyos ejes centrales serían la igualdad como un sistema garantista de compensaciones y nivelación social, la libertad no predeterminada por la capacidad económica de los individuos, la justicia social cuyo cumplimiento se fue extenuando desde el Pacto Obrero Industrial de los años 40.

Mientras no se apele a un cambio de régimen con esas o características similares, las elecciones no pasarán de ser una renegociación entre ricos o patrocinadores con billetes –legales e ilegales– y el gobierno. Y su complemento: la compra de voluntades y la participación de los sectores medios de muy variopinta situación en las fictas urnas para darle al cambio de personajes en el gobierno una laqueada de legitimidad.