Los acuerdos alcanzados por los jornaleros de San Quintín con autoridades estatales y federales abren expectativas para que todos los trabajadores agrícolas del país –poco más de un millón– tengan seguridad social, salario digno, cuenten con condiciones de higiene y de vivienda adecuadas en los campos de cultivo, y dejen de considerar ‘‘normales las condiciones de ignominia laboral’’, asentó Fidel Demédicis, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado.

Participante en las negociaciones que llevaron a cabo los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, el senador perredista puntualizó que el compromiso de los integrantes de la comisión legislativa especial para dicho caso es llevar a cabo las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que los jornaleros obtengan un salario lo más cercano posible a su demanda de 200 pesos y sea retroactivo al 24 de mayo; en caso de que no se logre, la diferencia la aportará el gobierno federal; se espera pactar dicha remuneración el 4 de junio.

‘‘El lapso de tres semanas se dio para que las autoridades revisen cuáles empresas están en posibilidades reales de pagar dicho salario y los trabajadores de las empresas que no puedan cubrir esa cantidad recibirán un subsidio federal.’’

Además, abundó, los empresarios ‘‘por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia podrán retener ni condicionar los salarios de los jornaleros; deberán pagarlos total y puntualmente en el lugar de trabajo y transparentar los diferentes conceptos que los integran, pues había denuncias de que los obligaban a consumir en las tiendas establecidas en los campos de cultivo y les pagaban con cheques sin fondos’’.

Demédicis destacó que entre los 13 puntos acordados con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social también está la exigencia de que las empresas cumplan con los requisitos legales para certificarse como libres de trabajo infantil; a la fecha, las autoridades laborales han realizado 113 visitas a los campos.

Agregó que también se revisará el programa de atención a jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros, para que los trabajadores no pierdan su carácter de beneficiarios por los desplazamientos de sus lugares de origen a los campos de cultivo. Insistió en que se garantizará la autonomía sindical a los jornaleros, por lo que se agilizará la constitución de la alianza como sindicato para que, en un plazo corto, los trabajadores elijan a sus representantes.

Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), alertó que el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de otorgar registro sindical a la alianza ‘‘corre el riesgo de ser una promesa más del gobierno federal, pues no se estableció meta ni plazo’’.

El respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores de la zona, dijo, es reconocer a la alianza como la interlocutora entre los patrones y el gobierno. Expuso que la CIOAC ha logrado organizar a dichos trabajadores en Zacatecas, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Colima en busca de conformar un sindicato nacional.

En tanto, previo a la firma del acuerdo, investigadores, estudiantes de posgrado y trabajadores administrativos de diversas instituciones académicas, públicas y privadas, rechazaron el uso excesivo de la fuerza pública como respuesta a las demandas de los jornaleros de San Quintín y exigieron el restablecimiento del diálogo al más alto nivel.

En una carta pública, señalaron que la decisión del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid de usar la violencia ‘‘se suma a los múltiples agravios que sufren sectores de población desplazados a lo largo y ancho del país’’.