Madrid.

Es muy preocupante la adjudicación a Grupo México de la explotación de la mina de Aznalcóllar, por ser el causante de graves desastres medioambientales, advirtieron diversos grupos ecologistas al gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por la socialista Susana Díaz. Asimismo, le exigieron que se abra un debate en el Consejo de Participación del parque natural protegido de Doñana, para analizar la pertinencia de que se vuelvan a explotar los recursos naturales de la mina, que se suspendieron desde 1998, a raíz de un vertido tóxico que provocó una tragedia ecológica.

La llegada a Andalucía de Grupo México, la minera presidida por el empresario Germán Larrea, sigue provocando reacciones en contra, sobre todo por su historial de desastres ambientales, como el que ocurrió en México en agosto pasado, en el río Sonora, donde se vertieron más de 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos, pero también por las supuestas irregularidades y delitos en los que habría incurrido su compañía para lograr la concesión de la explotación.

Germán Larrea y su socio español, la empresa Magtel, con la que formó la sociedad Minorbis, logró la adjudicación de la mina de cobre de Aznalcóllar para los próximos 30 años, en una operación administrativa que está bajo la lupa de la justicia al detectarse indicios de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal. A ello hay que sumar el supuesto delito de falsificación de documentos, según un informe difundido hoy por el diario El Mundo, que habría sido elaborado por la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla.

Larrea se asoció con Magtel por las privilegiadas relaciones políticas de esta empresa con el gobierno regional, presidido desde hace tres décadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, como la mayoría de los partidos políticos en España, plagado de casos de corrupción y de desfalco al erario. Larrea tiene además un vínculo con el Estado español a través de uno de sus principales directivos, Ignacio García de Quevedo, casado con Mercé Pujol, la nieta de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña y jefe del clan familiar que instauró la corrupción como forma de hacer política en la región durante dos décadas.

Larrea, al igual que le ocurre en Perú por la explotación de una mina en Arequipa, también se enfrenta en Andalucía a la oposición frontal de los grupos ambientalistas, movidos por el temor a que su manera de gestionar la mina provoque un nuevo desastre medioambiental y, sobre todo, si actúa como lo hizo en el derrame del río Sonora en agosto pasado, el cual intentó ocultar durante días, de manera que retrasó las labores de rescate y limpieza de la zona, además de entorpecer las investigaciones policiales.

Entre las organizaciones que están frontalmente en contra de la presencia de Grupo México en Andalucía están Ecologistas en Acción, WWF y SEO BirdLife que, en una declaración conjunta, reclamaron que antes de que se siga adelante con el plan de explotación –hoy suspendido de forma cautelar por el gobierno andaluz, al menos hasta que se aclaren las supuestas irregularidades– se abra un debate en el Consejo de Participación de Doñana, que es el máximo órgano de consulta del parque natural.

El propio director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro, que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advirtió que la explotación de la mina “es una amenaza latente sobre un ecosistema declarado patrimonio de la humanidad y Reserva de la Biosfera.

De hecho, advirtió que aunque prometan que será una mina en galería subterránea, tendrá que utilizar agua, con lo que siempre existirá riesgo de vertido al Guadiamar, con lo que cualquier vertido contaminante entrará en tromba en el corazón de las marismas.

Aznalcóllar es una de las regiones de Andalucía con más desempleo y pobreza, por lo que la mayoría de los alcaldes de la zona y de las poblaciones autóctonas están a favor de la reapertura de la mina, cerrada en 1998 tras un vertido tóxico ocasionado por la empresa sueca Boliden, que hasta la fecha no ha pagado ningún tipo de infracción o multa por su negligencia en la crisis.

El representante de la organización WWF en Andalucía, Juanjo Carmona, explicó que la ubicación de esta mina en la cuenca del Guadiamar, principal afluente de Doñana, la convierte en una amenaza sobre este espacio protegido, por lo que es imprescindible conocer los elementos básicos de esta reapertura. Sobre todo, advirtió, tras conocerse la muy preocupante adjudicación a Grupo México, causante de graves desastres mineros. Mientras, Antonio Ramos, de la secretaría de minas de Ecologistas en Acción, denunció la falta de transparencia de la Junta en este proceso.

Una denuncia que también suscribió el representante de SEO-BirdLife, Carlos Dávila, quien advirtió que la adjudicación de esta mina al consorcio Grupo México-Minorbis no ha tenido en cuenta las exigencias y prevenciones ambientales con la importancia que debieran. Parece que la Junta ha olvidado que Doñana estuvo a punto de desaparecer bajo una capa de lodo tóxico, a pesar de que la balsa que se rompió había sido revisada y no suponía ninguna amenaza ambiental; se ha pasado por alto que Aznalcóllar sigue estando en la cabecera del principal afluente de Doñana, un espacio emblemático para el patrimonio natural andaluz, advirtió.