Los recientes avances en el país en materia de protección a periodistas y la promoción de una mayor libertad de expresión no han sido suficientes para evitar agresiones y asesinatos contra comunicadores, declaró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Advirtió que mientras persista la impunidad en las investigaciones sobre estos hechos, el clima de agresiones contra periodistas permanecerá. Se trata, dijo, de un círculo vicioso donde lo que se propicia es precisamente que se cometan estos ataques. Quien atenta contra la libertad de expresión y ve que no pasa nada seguirá atentando contra la misma.

Al dictar la conferencia Los derechos humanos y el periodismo, en la inauguración de los actos conmemorativos del 66 aniversario de la escuela de periodismo Carlos Septién García, el ombudsman nacional informó que se tiene el registro de 100 homicidios de comunicadores ocurridos de 2000 a la fecha; desde 2005, 21 han sido desaparecidos, y de 2006 hasta ahora se han perpetrado 45 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.

Añadió que estas agresiones y la falta de resultados efectivos en las investigaciones y esclarecimiento de los hechos también han provocado el desplazamiento y exilio forzado de periodistas, generación de espacios de silencio en el país, la autocensura y vulneración de los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática.

En el acto, realizado en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, González Pérez señaló que el aumento de estas agresiones, junto con las amenazas e intentos por coartar la libertad de expresión, ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.

El presidente de la CNDH explicó que ante este clima, las diversas instancias del Estado mexicano han adoptado diversas medidas, entre ellas la denominada federalización de delitos, por la cual la autoridad federal puede atraer e investigar los delitos en los que reporteros, periodistas o cualquier persona se vean involucrados como víctimas y en los que se adviertan atentados contra la libertad de expresión, imprenta o contra instalaciones de medios de comunicación.

Sin embargo, insistió en que estas acciones ni algunas otras emprendidas han sido suficientes para detener el clima de agresión contra los comunicadores y la libertad de expresión.

Propuso el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, y el compromiso de las procuradurías estatales de investigar las amenazas y evitar que se hagan efectivas, eliminar la impunidad, no descartar de inicio que el móvil de los atentados se deriva de la actividad periodística y agotar las líneas de investigación antes de cerrar los expedientes.