yer el gremio de taxistas de esta capital manifestó su inconformidad por los servicios de transporte privado Uber y Cabify mediante movilizaciones y bloqueos en varias partes de la ciudad, lo que provocó una importante afectación a la movilidad de la urbe.

La demanda principal de los quejosos es que las autoridades capitalinas sancionen a los operadores de las empresas mencionadas porque ni sus unidades ni sus conductores cumplen normas y verificaciones exigidas a los taxis regulares. Hasta ahora, sin embargo, y después de varias peticiones en ese sentido, el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido una actitud ambigua al respecto.

Lo anterior refleja otra ambigüedad: la de los reglamentos en materia de transporte público y privado, en los que las normas simplemente no existen. Y es natural que así sea, toda vez que la modalidad de servicio ofrecida por Uber y Cabify surge a partir del desarrollo y la masificación de los teléfonos inteligentes, que son factores relativamente nuevos en la vida de los consumidores.

Ciertamente, es necesario actualizar reglamentos y normas a fin de elaborar un marco legal que permita regular este nuevo servicio y dar certeza tanto a sus proveedores como a sus consumidores.

Pero no debe ignorarse que la rápida expansión de los servicios de transporte particular basados en aplicaciones de telefonía móvil se explica, en buena medida, por las carencias y distorsiones que afectan la operación de los taxis tradicionales y que pueden atribuirse a las propias autoridades, con frecuencia omisas en la revisión de las unidades y en la certificación de los conductores, a los grupos de interés que controlan miles de concesiones de vehículos y a los propios operadores, cuyo servicio, en conjunto, dista de ofrecer las condiciones de seguridad, limpieza, eficiencia y buen trato que los consumidores demandan.

En tal circunstancia, y en una lógica de estricta competencia, empresas como Uber, Cabify y similares se convirtieron rápidamente en una alternativa de transporte que gana usuarios día tras día, especialmente entre las clases medias.

A contrapelo de lo que argumentan los concesionarios de taxis, esa dinámica evidencia que la demanda de transportación particular dista mucho de estar cubierta y que en la oferta existe un hueco que se ha convertido ya en un nicho de mercado.

Es claro, pues, que el principal desafío de los taxistas no reside en presionar a las autoridades para que actúen en contra de las nuevas modalidades, sino en mejorar en forma significativa la calidad y la eficiencia de su servicio, el estado de sus unidades y su propia cualificación laboral. Por su parte, las dependencias del gobierno capitalino involucradas en el conflicto deben elaborar y proponer a la brevedad un nuevo marco regulatorio que permita conciliar ambas actividades –el servicio de taxis y el de transporte privado– y evitar confrontaciones indeseables entre trabajadores y concesionarios de los taxis tradicionales y las empresas y operadores de Uber, Cabify y otras similares.