i estamos inmersos en una transformación civilizatoria, en una época en que todo lo sólido se desvanece en el aire, se hace necesario el cuestionamiento radical de aquellos puntales del mundo moderno que hoy operan como fuentes invisibles de la crisis. El asunto no es sencillo porque no sólo entre los defensores del sistema, sino incluso entre aquellos que buscan remplazarlo existe un conjunto de mitos que parecen inamovibles o intocables. La diferencia entre una crisis social (digamos del capitalismo) y una crisis de civilización es que la segunda requiere de una actitud radicalmente diferente, pues se trata de modificar todo un estilo de vida y de reformular los principales bastiones, las costumbres, las vías normales de la reproducción social. Visualizo la desaparición, gradual o súbita, de al menos cuatro instituciones tan decentes y respetables como los bancos, las corporaciones, los centros cientificistas y tecnocráticos y los partidos políticos. Se trata de cuatro pesados dinosaurios de la civilización industrial. En esta ocasión me ocupo de los partidos y utilizo el caso de México para ilustrarlo.

No sólo en el país, sino en buena parte del mundo los partidos políticos sufren un notable deterioro moral, una falta de eficacia y se han convertido en simples administradores de los intereses de los poderes económicos, del capital corporativo. Lejos ha quedado el mundo de las ideas, pues los partidos son por lo común bolsones neutros o anodinos, que rara vez representan los intereses de la ciudadanía. Surge entonces la pregunta, ¿realmente se necesitan partidos políticos para elegir a los gobernantes y para hacer funcionar los procesos democráticos? Veamos lo que sucede en México en vísperas de las elecciones de 2015.

En el país existen dos mecanismos para elegir representantes sin partidos políticos. El primero es el derecho que tienen los pueblos originarios o indígenas para elegir de manera directa a sus autoridades a escala comunitaria y municipal. Esta vía ha sido formalmente promulgada en, por ejemplo, el estado de Oaxaca, y se utiliza en 80 por ciento de los 570 municipios. Prerrogativas similares existen en Tlaxcala. El segundo es muy reciente. Por vez primera en la historia electoral del país, y gracias a una reforma constitucional concretada en 2012, en México son ya válidas las candidaturas independientes, es decir, candidatos a todos los niveles sin pertenencia a un partido político. Para las elecciones de 2015, 122 ciudadanos solicitaron en diciembre del año pasado ser avalados como candidatos independientes por la autoridad electoral. De éstos el INE aprobó 52, entre los cuales 17 aspiran a ser gobernadores.

Ambas rutas, resquicios ganados al monopolio de los políticos (partidocracia), son de enorme interés porque conforman ventanas para una democracia directa y participativa. Ambos mecanismos deberían difundirse y multiplicarse, y convertirse en el objetivo central de las demandas de los movimientos sociales y de las propuestas emancipadoras. Aquí y ahora existen ya ejemplos que dan fe del enorme potencial de estos dos mecanismos. En el primer grupo destaca el caso de la comunidad indígena y municipio de Cherán, en Michoacán (La Jornada, 3/3/15), donde por segunda vez, y en heroica contracorriente, han elegido a sus autoridades (el concejo mayor) de manera directa desde sus cuatro barrios. Hoy otras comunidades michoacanas van por el mismo camino. El ejemplo de los cientos de municipios oaxaqueños que siguen este procedimiento ha permanecido marginado y poco o nada visibilizado en el panorama de la comunicación nacional y en las discusiones políticas y académicas. Sin ser más que intentos parciales o fallidos de democracia local, las autodefensas michoacanas y las policías comunitarias de Guerrero podrían formalizar y legalizar ante la autoridad electoral formas similares de elección. Todo lo anterior ofrece la iluminadora posibilidad de ir construyendo una democracia directa y sin partidos de abajo hacia arriba. Imagine el lector que cada municipio elige directamente un representante a un consejo estatal, el cual a su vez nombra o una mesa directiva o un gobernador, todo ello sin partidos políticos, propaganda, despilfarros inútiles, aparatos administrativos, etcétera.

Las candidaturas independientes que apenas se estrenan son otra vía esperanzadora. A pesar de estar llenas de obstáculos burocráticos, recursos limitados y exigencias absurdas, candidatos independientes van por los gobiernos de Nuevo León y Campeche, diputaciones (con Manuel Clouthier de manera notable), asambleístas y presidencias municipales. Esta nueva opción explica por qué se secuestró, torturó, vejó y encarceló a José Manuel Mireles, el máximo líder de las autodefensas michoacanas y dirigente emblemático: planeaba lanzarse de candidato independiente para gobernador de Michoacán. Esta vía debió haber sido transitada por los innumerables movimientos sociales en resistencia, cada vez más activos y poderosos que existen en decenas de regiones del país, y por otras figuras no partidistas. Este es el caso de Enrique Alfaro en Guadalajara, quien arropado por un partido político es hoy por hoy el candidato más avanzado del país en términos de programa, propuestas, capacidad de comunicación y transparencia (ver).

México vive una situación bochornosa. Es el tercer país con mayor número de asesinatos dolosos en el mundo, después de Siria e Irak, y mantiene el mismo porcentaje de población en pobreza desde hace 30 años. México requiere urgentemente de cambios profundos y la vía electoral enfrenta una crisis de legitimidad. Noventa por ciento de los mexicanos desconfía de los partidos políticos y el árbitro electoral ha tolerado tres grandes fraudes en la elección presidencial (1988, 2006 y 2012). Hoy resulta obligatorio plantearse seriamente la posibilidad de utilizar los procedimientos legales, aún limitados, para acceder al poder político sin partidos. Una real convergencia de movimientos sociales en resistencia, organizaciones independientes e iniciativas y fuerzas emancipadoras podrían dar la sorpresa en 2018. El cambio se avecina y no necesita de partidos políticos.