l conjunto de la ciudadanía consciente del país repudió en su momento la degradación nacional operada mediante la compra masiva de votos que llevó a cabo la coalición PRI-PVEM en 2012. Vivió como un agravio el sometimiento del Congreso, por medio de los partidos del régimen, para hacer realidad el proyecto de saqueo, entrega territorial del país y concentración de la riqueza que conllevaban el Pacto por México
y las adulteraciones constitucionales y legales realizadas por el peñato y sus socios. Los ciudadanos conscientes y honestos se indignaron también cuando la Presidencia envió a Michoacán al comisionado Alfredo Castillo, no para que resolviera la violencia y el descontrol que imperaban –y siguen imperando– en esa entidad sino para que dividiera, traicionara y derrotara a los grupos de autodefensa que se habían organizado para cumplir con una tarea que los tres niveles de gobierno se negaban a cumplir, por más que fuera su obligación constitucional: salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de los habitantes.
Desde luego, para la ciudadanía honesta ha resultado un agravio mayúsculo el conjunto de atrocidades que se exhibió en la agresión policial y delictiva en contra de los estudiantes normalistas en Iguala, una agresión que se mantiene hora tras hora, día tras día y semana tras semana desde aquel 26 de septiembre y que seguirá vigente en tanto no se determine plenamente la identidad verdadera de los victimarios y de sus cómplices por acción u omisión y se les aplique la ley conforme a derecho, en tanto no se esclarezca el destino de los 43 muchachos que sufrieron desaparición forzada y en tanto no se desmantelen las redes de complicidad municipales, estatales y federales que posibilitaron esa canallada.
La conciencia del país y del mundo ha sido lesionada por la continuación imparable de los feminicidios y por masacres como las de Tlatlaya, Edomex, y Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, y millones de personas viven bajo el manifiesto control territorial de la delincuencia en Jalisco, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y otras entidades. El gobierno oligárquico mantiene en las cárceles a presos políticos como la comandanta Nestora Salgado, sobre quien se acumula injusticia tras injusticia; en la Puebla de Rafael Moreno Valle se asesina, lesiona y encarcela a activistas por el simple hecho de serlo y se busca afanosamente el recorte legal de garantías individuales en los estados y en la Federación.
De la misma forma, la frivolidad, la corrupción y el boato del círculo presidenciales han resultado una ofensa de primer orden para todas las personas honradas que han tenido conocimiento de los lujosos e irresponsables viajes al extranjero con comitivas de 200 invitados; las residencias de millones de dólares adquiridas a precios preferenciales a contratistas de la administración pública, y los megaproyectos públicos manchados por la sospecha de corruptelas privadas: el cancelado tren rápido DF-Querétaro, el nuevo aeropuerto y el Viaducto Elevado Bicentenario, por ejemplo.
Por lo demás, el equipo económico presidencial ha descargado las pesadas consecuencias de su ineptitud sobre asalariados, causantes, consumidores, pequeños empresarios e informales: la reforma fiscal, el mantenimiento de tarifas energéticas injustificables en tiempos de bajos precios petroleros, la devaluación de la moneda nacional, la implacable congelación salarial, el subejercicio sistemático y la ineptitud y el desaseo administrativo llevados a límites difícilmente alcanzables por la imaginación. El milagro económico
del neoliberalismo, proclamado en tiempos de Salinas y continuado por Zedillo, Fox, Calderón y Peña, muestra su rostro real en los negocios de la esclavitud de hecho (San Quintín), el tráfico de personas a escala industrial, la extorsión regularizada con listados más precisos que los del padrón electoral y el de contribuyentes.
Los agravios son muy hondos y vienen de tiempo atrás, la degradación nacional alcanza cotas insoportables y no hay una sola vía para contrarrestarla. Se requiere de mayores marchas y concentraciones de protesta, de una articulación más precisa entre los descontentos, de más votos en contra de los partidos del régimen, de una labor de información asumida como tarea por la ciudadanía, de promoción y construcción de más autonomías y más instancias de poder popular, de la multiplicación de las acciones simbólicas, de propuestas precisas y factibles de desobediencia civil, de más puestos de elección popular arrebatados a la oligarquía y a sus representantes. Hoy, martes 26 de mayo, se cumplen ocho meses de la ausencia forzada de los 43 normalistas, toca salir a las calles en la XII #AccionGlobalPorAyotzinapa y es de esperar que seamos miles de miles. Y luego tocará promover la asistencia a las urnas el próximo 7 de junio para castigar masivamente a los emblemas electorales del grupo en el poder. Los comicios próximos pueden convertirse en un referendo informal pero inequívoco que dé cuenta del rechazo multitudinario al peñato. Un tsunami de votos contra el régimen sería una importante victoria para la emancipación social y para avanzar en la construcción del otro país posible cuya visión genera, a fin de cuentas, más consensos que disensos.
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