La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no han cumplido desde hace casi un año con la resolución judicial de buscar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), detenidos y desaparecidos en Oaxaca hace ocho años.

La resolución del Poder Judicial de la Federación, emitida el 19 de junio de 2014, ordena su búsqueda en las principales instalaciones militares; citar a mandos de la PGR y funcionarios estatales y federales que hayan estado en funciones en mayo de 2007, momento en que se efectuó la detención, y que la Sedena informe sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas castrenses que pudieran coincidir con las de las víctimas, y, en su caso, realizar un proceso de identificación forense.

Sandino Rivero Espinosa, abogado que lleva el caso, informó que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene abierto un expediente para determinar qué va a pasar con la orden que dio el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y que no han cumplido la PGR y la Sedena.

Señaló que esperarán a que la SCJN se pronuncie sobre el amparo que está en curso, para determinar si recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que conozca el caso.

La gira

En conferencia de prensa, miembros del comité Hasta Encontrarlos, integrado por familiares de los desaparecidos y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, informaron que la gira que desde el pasado 16 de febrero iniciaron por varias entidades del país para denunciar el caso concluirá con la realización de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, programada del 25 al 30 de mayo de 2015, en la ciudad de México.

La desaparición de Gabriel y Edmundo, se dijo, es un caso emblemático, no sólo por el carácter meramente político que éste implica y la evidente participación de agentes del Estado en su desaparición, sino también porque es un caso que ha logrado por la vía jurídica, de derechos humanos y la presión política que instancias como la CNDH y el Poder Judicial de la Federación emitan importantes recomendaciones y resoluciones que generan antecedentes importantes en la materia.

Además, familiares y representantes de organizaciones no gubernamentales señalaron que si bien no se ha cumplido la resolución, se debe esencialmente a la terrible impunidad que existe en el país. Pero, insistieron, todo lo logrado, como esta resolución judicial, no ha sido producto de dádivas ni de la voluntad política del Estado, sino de la lucha y la presión constante desde hace ocho años.

Los desaparecidos fueron detenidos entre el 24 y 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca por elementos de la policía ministerial de ese estado.

La CNDH, en su recomendación de 2009, confirmó que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron trasladados a instalaciones de la procuraduría oaxaqueña. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ellos. Presumiblemente, fueron entregados al Ejército.