costumbrados, después de siglos, a que el poder tenga un rostro unipersonal y se halle concentrado en un puño –salvo breves pausas–, la posibilidad de que resida en dos funcionarios, así no sea formalmente, desconcierta y se presta para atacar una coalición, como la que han conformado en Nuevo León Jaime El Bronco Rodríguez Calderón y Fernando Elizondo, candidato del Partido Movimiento Ciudadano.

La Alianza por la Grandeza de Nuevo León, como la han llamado ambas fuerzas políticas, podría significar un cogobierno cuyo contenido y orientación aún estarían por verse. Pero como expectativa resulta con una carga de renovación que no tienen sus más cercanos competidores.

Antes de producirse, la figura de El Bronco ya cabalgaba en la prensa del otro lado del Atlántico. “En pocos meses y sin bajarse del caballo, ha creado una efervescente comunidad digital que le ha permitido encabezar las encuestas y desbancar al PRI y al PAN. En Nuevo León, uno de los estados más ricos del país, todo gira en torno a él. O se está a favor o en contra. No hay término medio. El Bronco, en un país desencantado, marca el paso”, decía la nota elogiosa de El País (las recientes elecciones en España mostraron también un alejamiento respecto al bipartidismo dominante).

Después de la alianza con Elizondo, The New York Times, The Wall Street Journal y otros se ocupan ampliamente de lo que la mercadotecnia ha llamado la broncomanía. Una actitud que puede deberse a los fenómenos de masas atravesados por cierta irracionalidad, pero que tienen por piso, en este caso, el arrojo del candidato independiente. No es menor, por ejemplo, el repudio público a Televisa, Tv Azteca y Multimedios, televisoras a las que ha prometido no dar publicidad durante su mandato.

Lo significativo de este episodio es la posibilidad de que por primera vez en la historia del país se pueda modificar el mando unipersonal que ha sido nefasto para el equilibrio interno del poder público, la existencia de controles –esa grave omisión del Legislativo– y un Poder Ejecutivo verdaderamente acotado por la vigilancia y supervisión parlamentaria y ciudadana. Un mando cuyos vicios están presentes en el ámbito federal y estatal en las elecciones que corren. Y que para Nuevo León no sólo son Mina, San Antonio, Texas, San Pedro Garza García, supuestamente las Islas Caimán: todos esos lugares donde la familia del gobernador Medina, que lo incluye, ha impreso sus huellas dactilares en abusos parientes de delitos; también son Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, los viajes y el jet presidenciales, la Casa Blanca, Malinalco, Monterrey VI, el desprecio por el poder delegado y el más profundo por el pueblo (la prole, los indios remisos).

Entre los acuerdos a que llegaron Jaime Rodríguez y Fernando Elizondo al celebrarse la alianza vale la pena anotar aquellos que podrían traducirse en la satisfacción a insistentes demandas de la ciudadanía. En primer lugar, la revocación del mandato como medida de control ciudadano y rendición de cuentas. Esta medida sería incluida en la Ley de Participación Ciudadana y cuya aplicación, independientemente de que pudiera aprobarla el Congreso, se contempla efectuar con las elecciones de junio de 2018. Otro acuerdo es crear órganos autónomos anticorrupción, cuyos titulares serían propuestos por la sociedad civil. Uno más fue nombrar al auditor superior del estado, puesto vacante desde hace casi un año –se supone por qué–, cuyas facultades de acción y sanción no queden sujetas a la aprobación del Congreso. Este acuerdo se vincula a otro: la necesidad de consultar y transparentar el gasto y la inversión pública.

El objetivo declarado es formar un gobierno eficiente y austero y donde el gasto privilegie en forma sustentable a la comunidad, sobre todo a los más necesitados garantizándoles los derechos a una vida digna sin incurrir en prácticas clientelares.

Es cierto que algunas medidas de las anunciadas por la alianza implican la existencia de prácticas democráticas, pero en todo el texto no se halla la palabra democracia ni los valores que la sustentan: igualdad, justicia y libertad.

Qué entiende la alianza Rodríguez-Elizondo por sociedad civil, pronto se sabría; sobre todo en la conformación de esos órganos autónomos anticorrupción. Porque para ciertos medios, la sociedad civil o la ciudadanía residen exclusivamente en lo que se identifica como iniciativa privada. Poco que ver con la raza que ha apoyado a Rodríguez Calderón. Esto y otras cosas estarían por entregar el sentido de la alianza en el caso de que le fuese reconocido el triunfo.

En un sentido o en otro, mucho de lo que la alianza alcance se deberá a Fernando Elizondo. De un lado están sus compromisos de clase; del otro, aquellos dictados por su prudencia y su experiencia administrativa. En medio se halla la responsabilidad que en él recaerá por la fórmula concretada en el pacto. Aunque no percibirá remuneración alguna, según los acuerdos de la alianza con Rodríguez, tampoco estará subordinado a él. Tendrá el carácter de coordinador ejecutivo del gobierno en sus nexos con la sociedad civil, en el proceso de formación y operación del gabinete, y será también consejero en materia de finanzas, administración y políticas públicas. No es poco y por ello la forma de calificar El Bronco a la alianza debe ser valorado: es un acto de humildad, dijo.