Integrantes del movimiento Sin maíz no hay país; del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México; investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Maya y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, demandaron que la política agropecuaria apoye a los pequeños campesinos, los cuales aportan 39 por ciento de la producción de granos y generan 63 por ciento de los empleos rurales.

En el foro Del pequeño productor al consumidor: diversidad y nutrición, realizado por El Poder del Consumidor y la Alianza para la Salud Alimentaria, los participantes advirtieron que mientras no haya una sinergia entre producción y consumo continuarán los problemas de hambre y de salud en la población. Julieta Ponce, del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México, apuntó que cualquier grado de pobreza afecta la alimentación de la población y en el país 80 por ciento está en riesgo de caer en ella. Además, mientras los alimentos no industrializados no estén disponibles en lugares adecuados continuarán los problemas de obesidad y diabetes.

Ante el público reunido en una sala del Museo Franz Mayer, Ponce advirtió que mientras la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) siga alejada de la distribución, el abasto y consumo de los alimentos, seguirán los problemas de salud y mala alimentación entre la población, la cual en una década bajó el consumo per cápita de tortilla, pues pasó de 97 a 58 kilogramos; situación similar ha sucedido con el frijol y otros alimentos. La situación actual exige una estrategia de política alimentaria y nutricional.

Jonathan Martínez, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lamentó que en el país no exista una definición de agricultura familiar, lo cual frena tener una estrategia para combatir la pobreza rural. En Chile, Brasil y Argentina, ejemplificó, existe dicha definición, lo cual ha ayudado a la integración de una política para atender a los pequeños productores. La agricultura campesina es, afirmó, el futuro para asegurar la producción de alimentos del país, pues la agricultura industrial está llegando a su límite.

Las mujeres indígenas, abundó Carmen Osorio, de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Red PAR), con presencia en 11 estados, están alertando en torno a la pérdida de la cultura del maíz, pues los campesinos en lugar de guardar su semilla recurren a comprarla, además, la política gubernamental por conducto del programa Oportunidades las trata como consumidoras y no como productoras, lo que también ha alterado su alimentación con los efectos consecuentes en su salud.

Los responsables de la política pública deben reconocer el valor de las aportaciones de los campesinos e indígenas; deben dejar de pensar en que son improductivos, y por tanto en su desaparición, asentó Héctor Robles Berlanga, investigador de la UAM-Xochimilco.