En tres meses, siete candidatos a puestos de elección popular fueron asesinados y otros 36 agredidos, en un proceso electoral que se ha convertido en el más violento en la historia del país, denunciaron legisladores del PRD en la Comisión Permanente del Congreso.

Señalaron que ante este clima de inseguridad es urgente que la Secretaría de Gobernación adopte acciones más efectivas para brindar seguridad y certeza a los candidatos.

La diputada Lizbeth Rosas detalló que de los 43 hechos violentos contra candidatos, 35 ocurrieron en Morelos, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, y el resto en Puebla, Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Baja California Sur y Oaxaca.

Dijo que mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habla de casos aislados, los medios de comunicación reportan diariamente actos de violencia relacionados con los comicios.

Las agresiones van desde amenazas de muerte, secuestros, ataques a las personas y a sus propiedades –con casas y autos baleados e incendiados– hasta verdaderos actos de barbarie, como la decapitación de una precandidata del PRD en Guerrero y de un operador electoral del PAN en San Luis Potosí.

En Morelos, debido a las amenazas de muerte, siete candidatos abandonaron la contienda electoral, recalcó la diputada Rosas.

Manifestó que el saldo trágico de 43 víctimas, del 18 de febrero al 18 de mayo, contrasta con las cifras de otros procesos electorales. En los comicios de 2009 hubo seis homicidios; en los de 2010, tres; en los de 2012, cinco, y en los de 2013, tres.

La senadora Dolores Padierna recalcó que los hechos de violencia ocurren uno tras otro en distintas partes del país y no hay quién los detenga, por lo que el Congreso debe lanzar una alerta y exigir al gobierno federal que garantice la seguridad de candidatos y ciudadanos.

La propuesta de que la Comisión Permanente tome cartas en el asunto y pida un informe al secretario de Gobernación sobre las acciones que ha emprendido la dependencia para garantizar el buen desarrollo de la contienda electoral no pudo discutirse, ya que la sesión fue muy corta, y el tema quedó pendiente para el próximo miércoles.

Por otra parte, el senador Ernesto Cordero, del PAN, solicitó que se investigue al candidato del PRI a la gubernatura de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, por posible conflicto de intereses durante su desempeño como secretario de Educación Pública de esa entidad, ya que adquirió bienes inmuebles por 18 millones de pesos, que no incluyó en su declaración patrimonial.

Cordero recalcó que Carreras obtuvo beneficios personales en ese último encargo, ya que al mismo tiempo era propietario de una universidad privada, que tampoco está en su declaración.