Confederaciones empresariales condenaron la suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes de educación básica y media superior, y llamaron a crear un frente común, a fin de que no se postergue más la puesta en marcha de la reforma en la materia.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) aseveró que la suspensión va en detrimento de un proyecto nacional para mejorar a largo plazo la productividad y competitividad del país, porque retrasa la generación de riqueza y empleos mejor pagados para los mexicanos.

La Concanaco aseveró este domingo que el rezago en la educación sigue siendo un factor determinante para que México no sea más competitivo a escala internacional y convocó a la sociedad a cerrar filas y crear un frente común en apoyo a la transformación del sector. El gobierno tiene que hacer su mejor esfuerzo para lograr la implementación de la reforma educativa, pues sin ella no vemos progreso de largo plazo para México, advirtió la Concanaco en un comunicado.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que bajo ninguna circunstancia puede dejarse de lado la evaluación, pues el docente que quiera ingresar, promoverse y permanecer en el servicio profesional debe necesariamente ser evaluado, a fin de detectar sus áreas de oportunidad y fortalecer sus conocimientos y capacidades.

El organismo informó que se encuentra en diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conocer las razones de la suspensión, y confió en que a la brevedad se den a conocer las nuevas fechas y plazos para llevar a cabo la evaluación.

El viernes pasado, a 10 días de las elecciones intermedias en las que se elegirán mil 996 cargos, incluidas nueve gubernaturas, la SEP informó, sin explicar con claridad la razón, que la prueba, programada para aplicarse a partir del segundo semestre del año, se cancelaba indefinidamente.

En días recientes los voceros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtieron que de no suspenderse las pruebas, a las que calificaron de punitivas, realizarían un boicot electoral en al menos 11 entidades.