El consejo de administración de OHL México informó que las grabaciones en que sus directivos hablan sobre presuntos sobornos a magistrados forman parte de una campaña de desprestigio contra la compañía, por lo cual decidió ratificar en su cargo al director general, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, y aislar de los procesos judiciales relacionados con el caso al director jurídico, Gerardo Ferández Reyes, sin retirarlo del cargo.

En sesión extraordinaria celebrada el viernes pasado, Hidalgo Monroy dijo que ya comenzaron las investigaciones y las actuaciones judiciales contra los autores de la campaña de desprestigio, con la cual se ataca tanto a la compañía como a sus inversionistas.

En un mensaje enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el consejo de administración, que encabeza José Andrés de Oteyza, dijo que tiene confianza absoluta en la administración ejecutiva de la compañía, encabezada por su director general. Aseguró que la empresa continuará actuando bajo el principio de tolerancia cero a los actos de corrupción, como ha hecho desde su fundación.

El consejo de administración de OHL insistió en que hasta ahora el resultado de la investigación realizada por Ernst & Young reveló que la empresa ha honrado todas sus obligaciones contractuales, así como las disposiciones legales a que está sujeta, pero en caso de que se llegara a descubrir algún incumplimiento ético por algún empleado éste sería cesado de inmediato, de conformidad con el principio de tolerancia cero con la corrupción.

En una notificación enviada a los inversionistas la empresa señaló que, debido a que los magistrados que han intervenido en los juicios en que ha estado involucrada la empresa desmintieron rotundamente haber recibido cualquier pago de la sociedad, OHL México acordó no separar al director jurídico, Gerardo Fernández Reyes, pero sí aislarlo de todos los procesos judiciales correspondientes.

A partir de las declaraciones públicas de los magistrados que han intervenido en los juicios en que se ha visto involucrada la compañía, que desmienten rotundamente haber recibido cualquier pago de la sociedad y que el desahogo de los procesos judiciales ha estado siempre encomendado a despachos de abogados externos de primerísimo nivel y reputación en México, el consejo acordó no separar al director jurídico, pero sí aislarlo de todos los procesos judiciales correspondientes.

La empresa dijo que además de la investigación para dar con quienes han orquestado la campaña de desprestigio, el resto de las auditorías encargadas por los presuntos actos de corrupción entre directivos y funcionarios del estado de México marchan a buen ritmo y con normalidad, existiendo colaboración de la administración de la compañía para suministrar toda la información solicitada por los consultores externos encargados de realizarlas.

Los efectos del escándalo

Fitch Ratings colocó como negativa la calificación de OHL a raíz de la fuerte caída que han mostrado las acciones de su filial en México, como resultado de la difusión de dichas conversaciones.

La calificadora señaló que la decisión responde a que la caída en las acciones ha elevado de forma significativa el riesgo de que OHL SA tenga que apoyar a OHL Concesiones para cubrir deudas.

OHL Concesiones posee 56.14 por ciento de OHL México, pero 16.99 por ciento de estas acciones ya están comprometidas a un bono intercambiable por 400 millones de euros, dejando acciones adicionales limitadas para respaldar en caso de una caída mayor en el precio de la acción, señaló la calificadora.

Fitch Ratings tomó en consideración para poner calificación negativa a OHL la caída de acciones de la empresa, pero también que apenas el viernes pasado anunció la ampliación de una garantía de crédito por 300 millones de euros con banco Inbursa.

La empresa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que incrementó la prenda bursátil constituida el 25 de septiembre de 2013 en 9.28 por ciento, resultando en la constitución de la prenda bursátil sobre las acciones representativas de 33.53 por ciento del capital social de la compañía, mediante la cual se garantiza el contrato de crédito denominado en pesos mexicanos, a plazo de 3 años y por un importe equivalente a 300 millones de euros.