cinco días de los comicios que habrán de realizarse el 7 de junio impera en el país un ambiente enrarecido, tenso e incluso violento, que constituye el peor de los contextos posibles para el buen desarrollo de la elección, en la que están en juego la renovación de la legislatura federal y de las gubernaturas, congresos y ayuntamientos de 17 entidades.

El telón de fondo de este proceso se caracteriza, en primer lugar, por el persistente estancamiento económico, la incontrolable inseguridad pública y las reiteradas violaciones a los derechos humanos; por el pronunciado descrédito de la clase política, de las instituciones en general y de las electorales en particular, las cuales no sólo arrastran el desprestigio de votaciones pasadas, que se saldaron con resultados impugnados, sino que cargan con su falta de determinación, claridad y autoridad en el curso de las campañas recién culminadas. Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han exhibido, a ojos de la población, un comportamiento omiso, inequitativo y poco imparcial. La muestra más clara de tal actitud ha sido su incapacidad o su falta de voluntad para poner un alto a las sistemáticas y contumaces violaciones a la legislación cometidas por el Partido Verde Ecologista de México.

A la incertidumbre de un árbitro que rehúsa comportarse como tal debe sumarse la alarmante violencia política que se ha cobrado ya la vida de más de una decena de candidatos, precandidatos, cuadros y activistas de distintos partidos en diversas entidades de la República y que se ha traducido en grescas de diversa magnitud. El pasado domingo, para no ir más lejos, ocurrió en la localidad yucateca de Peto un enfrentamiento entre panistas y priístas, que dejó un saldo de al menos un muerto y media docena de heridos. Hechos similares, aunque menos cruentos, han tenido lugar, en días pasados, en otros puntos del país y en la ciudad capital. A esas expresiones de violencia facciosa deben agregarse los recientes ataques anónimos a oficinas del INE en Puebla.

El correlato ineludible de estos hechos lamentables y repudiables es una guerra de lodo entre partidos y contendientes en la que menudean las filtraciones, el espionaje, las calumnias y la intromisión en la privacidad, así como una competencia propagandística más orientada a la descalificación de los adversarios que a la promoción de las propuestas propias o, en el mejor de los casos, dominada por la lógica publicitaria comercial y ayuna de contenidos y programas. Paradójicamente, la polarización que se retroalimenta de esta manera no es causada por contrastes entre plataformas y planes, sino por meras disputas por los cargos y las posiciones de poder. Adicionalmente, en los escenarios de comicios estatales y municipales proliferan las denuncias y las protestas ante las prácticas antidemocráticas más añejas y vergonzosas, como la coacción y compra de votos, el acarreo de ciudadanos, la destrucción de propaganda de partidos adversarios y la no muy oculta intromisión de autoridades, con el propósito de inclinar la balanza en favor de sus propias formaciones.

Por si algo faltara, ha de agregarse a este panorama incierto la presencia de movimientos sociales –sectores del magisterio disidente y participantes en la lucha en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa– que han expresado su indignación y su exasperación, sin duda fundamentadas, en una determinación contraria a la realización de los comicios.

En tal circunstancia, es exigible a los gobernantes de todos los niveles que se abstengan de intervenir en el proceso comicial y a las instancias electorales que mantengan la civilidad y ejerzan la autoridad de que están investidas para controlar y sancionar en forma pareja y firme cualquier infracción al marco legal. Asimismo, es procedente una exhortación a todos los partidos, dirigentes y candidatos para que se conduzcan con sentido republicano; en cuanto a las causas sociales que repudian –no sin razón– el proceso de renovación de autoridades, cabe pedirles que eviten la violencia, y a la ciudadanía en general, que mantenga sus convicciones y filiaciones políticas y partidistas en los estrictos cauces de la civilidad y evite ser caja de resonancia de improperios, rumores, insidias y descalificaciones sin fundamento, y que haga conciencia sobre un hecho básico: el sentido democrático de los comicios es encauzar en forma pacífica los conflictos y las diferencias, no alimentar la desarticulación y la violencia.