n Puebla, Oaxaca y Veracruz hubo ayer actos de violencia contra oficinas de instituciones emblemáticas del sistema político mexicano, como son el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Desarrollo Social. La quema y robo de papelería relacionada con los próximos comicios y el ataque con bombas caseras contra una representación del asistencialismo comprador de sufragios van más allá del debate nacional respecto del voto duro, nulo o útil o de plano el abstencionismo.

Lo sucedido en Oaxaca tiene como contexto las movilizaciones en demanda de que sean cancelados, y no sólo suspendidos, los procedimientos evaluatorios instaurados por el peñismo en busca de tomar control por la vía laboral y administrativa del magisterio nacional (intento de sometimiento a Los Pinos que ha sido llamado, equívoca y tramposamente, reforma educativa). Una suspensión discrecional de las evaluaciones programadas, anunciada por la Secretaría de Educación Pública, no satisfizo a la dirigencia de esos profesores, de tal manera que la presión continuará hasta que la posposición circunstancial de los polémicos exámenes se convierta en letra definitiva y no quede en simple maniobra de unos días de duración, en tanto se realizan las elecciones.

El simple lance suspensivo provocó, sin embargo, reacciones políticas de alto nivel. Empresarios criticaron duramente el recular peñista en materia educativa, e incluso el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, advirtió que ese tipo de conductas se vigilan interna y externamente, porque ante cualquier cosa se puede cambiar una modificación constitucional, en una referencia a la preocupación de firmas internacionales en cuanto a la firmeza de los acuerdos a que se llegue en materia de petróleo y otros energéticos, con todas las reformas estratégicas en tela de juicio.

En dicho contexto, en la capital del país se reunieron ayer representantes de la oaxaqueña sección 22 con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, mientras otros profesores se movilizaban en las calles del Distrito Federal y de otras ciudades, con la exigencia de echar abajo la mencionada reforma y con un llamado expreso a boicotear las elecciones del próximo domingo. No se llegó a ningún acuerdo en la primera sesión, pero el diálogo continuará.

La insólita combinación de factores profundamente adversos a la rutina comicial ha llevado al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a reconocer de manera abierta que en este órgano están preparándose para enfrentar las peores circunstancias, con un límite que es absolutamente racional, y que no vamos a franquear, que es la seguridad de los funcionarios de casilla y de los votantes (declaración hecha a Ciro Gómez Leyva en el noticiario matutino de Radio Fórmula).

Tales condiciones difíciles han hecho que un número aún impreciso de ciudadanos haya desistido de prestar servicio voluntario como funcionarios en las mesas receptoras de votos. El desánimo, la desconfianza y el temor se han mezclado, en algunas zonas con el ingrediente aterrador de las bandas del crimen organizado que alientan o desalientan candidaturas y ejercicios cívicos. Otros lugares hay, como Veracruz, donde el representante del Partido del Trabajo ante el consejo local electoral, Rafael Carvajal Rosado, ha dicho que van ocho mil 120 renuncias de ciudadanos que fungirían como funcionarios de casilla en toda la entidad, presionados por el PRI y el gobierno del Estado, con dinero por delante para hacerlos desistir (nota en La Jornada Veracruz http://bit.ly/1I3hKCK ).

La derivación de lo electoral hacia senderos crispados y violentos es consecuencia de la acumulación de graves problemas sin resolver, frente a los cuales los partidos, las campañas y los candidatos, a pesar de la enorme cantidad de recursos públicos que consumen, y de la disponibilidad mediática que les acompaña, no han podido presentar programas y propuestas que sean socialmente bien acogidas, por muy afinadas que fueran las redacciones y los enunciados.

En el centro de la irritación de un segmento social crítico está el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, como parte de un catálogo de violencia desde el Estado, en contubernio con los poderes del crimen organizado, que pasa por Tlatlaya y tiene como referente más reciente lo sucedido en Tanhuato, Michoacán, todo en el marco de la represión selectiva que tiene en la cárcel a Nestora Salgado y a Juan Manuel Mireles pero también a muchos otros dirigentes de grupos civiles opositores a abusos varios. En este entorno se produjo y sostiene la demanda de los familiares de los 43 de que no haya elecciones cuando menos en Guerrero.

Otro elemento que conspira contra la viabilidad electoral es la corrupción crónica y cínica que desde la develación periodística de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec ha ido aumentando su muestrario irritante. En ese cuadro de galopante rapiña institucionalizada se inscriben las campañas y sus resultantes de esta ocasión, los gobernadores, presidentes municipales y diputados federales y locales. La perversión casi irreversible de lo público proviene en lo procesal de las necesidades de aprovisionamiento monetario no fiscalizado para campañas y día electoral, con suministros provenientes de tesorerías gubernamentales y de financistas oscuros. Nada que excite especialmente a votar.

La violencia antivoto vivida ayer en las tres entidades mencionadas en el primer párrafo de esta columna podrían hacer innecesaria la apasionada discusión que en círculos informados se agudizará esta semana respecto de la forma de votar (a favor o en contra de alguien o anulando la boleta) o de no hacerlo (el abstencionismo). Poco habrá de rescatable a fin de cuentas si el proceso electoral es ensuciado gravemente o de plano desnaturalizado por estallidos de origen incierto que entre confusiones y amagos consoliden la desconfianza y el distanciamiento de los ciudadanos. ¡Hasta mañana!

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