n día después de ir a votar, padres de familia del estado de México comenzarán a hacer válida la promesa del gobierno de Eruviel Ávila de entregarles 150 pesos para compra de útiles escolares. Son 3 millones 45 mil 309 tarjetas denominadas La efectiva las que han sido entregadas a los padres en razón del número de sus hijos estudiantes, en asambleas programadas a realizarse aún en estos días de veda electoral. Las tarjetas utilizan principal y destacadamente los colores verde y rojo, y significarán una erogación del erario mexiquense, incluyendo gastos de administración y organización, de alrededor de 500 millones de pesos.

Un manual de operaciones (http://bit.ly/1KPvUIs) señala que el 8 de junio el Señor Gobernador (mayúsculas en el original) presidirá un evento que dará inicio a la entrega en todo el estado, la cual se realizará desde ese día hasta el 13 de julio, mediante un calendario establecido para que en cada asamblea de padres de familia estén presentes las autoridades educativas e integrantes del gabinete regional, quienes darán un mensaje en nombre de Eruviel Ávila.

En las 14 mil 219 asambleas previas, programadas en plena efervescencia electoral, entre el 27 de mayo y el 5 de junio, el control estuvo a cargo de los representantes del gobierno estatal y los directores escolares. En el modelo de discurso propuesto para esas reuniones se incluye la mención de que es importante subrayar que inicialmente (las tarjetas) eran por la cantidad de 130 pesos por cada alumno, pero el Señor Gobernador, atento como siempre a las inquietudes de las mamás y los papás, autorizó que sean 150 pesos por cada alumno.

La versión mexiquense de las tarjetas Soriana en 2012 es sólo un ejemplo de las tretas que los gobiernos (federal, estatales y municipales) pueden practicar para la compra del voto con recursos públicos. Vasto es el catálogo de posibilidades que ofrecen y ejercen las secretarías de desarrollo social, tanto las estatales como, sobre todo, la federal a cargo de Rosario Robles Berlanga. Además, claro está, de los ríos de dinero proveniente de actos de corrupción expresamente organizados con empresarios, proveedores y firmas fantasmales para financiar campañas electorales y de las inyecciones de efectivo realizadas por grupos del crimen organizado que desean garantizar impunidad y prosperidad a sus negocios.

La respetabilidad y credibilidad del proceso electoral en curso ha sido, además, seriamente golpeada (exterminada, a juicio de este tecleador) por la descarada y sostenida campaña de violaciones a las reglas del juego democrático por parte del grupo autodenominado Partido Verde Ecologista de México (el partido de las cuatro mentiras), en una estrategia de desdoblamiento de intereses del PRI con la mira puesta en captar por esa vía alterna el voto de ciudadanos expuestos a una tan cuantiosa como infractora campaña de propaganda y regalos.

El Instituto Nacional Electoral, conformado en su actual cuerpo por consejeros y directivos con una calidad decreciente y con comportamientos partidistas más evidentes que nunca, fue fulminado por el Verde y sus trapacerías nunca castigadas de verdad. Igual demérito extremo sufrió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no sólo ha sido complaciente, sino cómplice y encubridor, al rebajar constantemente los montos y términos de castigos de alguna manera decididos por el INE.

La cita de los ciudadanos con las urnas tiene como referente una situación nacional de crisis múltiple, sobre todo en terrenos de crecimiento económico, seguridad pública y honestidad de la clase política. Como nunca, en esta ocasión se han producido pronunciamientos y acciones duras contra la realización de los comicios, como ha sucedido en Guerrero por parte del movimiento de los familiares de los desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa. También se han hecho escuchar voces que proclaman la viabilidad del voto nulo como forma de protesta contra el sistema electoral y sus resultados.

En términos de oportunidad de corrección y mejoría de los grandes males del país, los actuales pueden ser clasificados ya como comicios perdidos (aunque resultarán sumamente productivos para la clase política, que incluso comenzará, a partir de este lunes, a preparar los siguientes malabarismos, con ánimos de eternización en el poder). Las campañas fueron insustanciales, el gasto en propaganda y movilizaciones resultó ofensivo, los partidos (los ya existentes y los nuevos) fueron incapaces de presentar propuestas novedosas y deslumbrantes que provocaran un renacer cívico volcado en las casillas, y los chispazos llamativos se dieron en el terreno engañoso de los candidatos independientes, como la carta alterna del PRI en Nuevo León (movida con mucho dinero y plenamente avenida con el poder priísta nacional y con segmentos empresariales norteños) o la participación en Cuernavaca, en nombre de un partido de poca presencia, del futbolista Cuauhtémoc Blanco. Mención aparte merece el caso de Pedro Kumamoto en el distrito 10 de Zapopan, Jalisco, un ejemplar esfuerzo independiente, con decenas de miles de pesos como gasto y una importante movilización de clases medias.

Algunos lectores de esta columna y seguidores de una cuenta astillada en Twitter han solicitado que quien la escribe fije postura respecto de la discusión entre anulistas, abstencionistas, promotores del voto útil y defensores en general de la concurrencia a las urnas. Pero, votar, votar anulando o no votar acabará siendo, en el fondo, un ejercicio arrollado por las inercias, trampas y adulteraciones en curso. Lo importante vendrá al día siguiente, pues sólo un esfuerzo de crítica y autocrítica de quienes desean impulsar cambios de fondo en el país podrá dar paso a intentos de unidad y lucha renovados, entre ellos el de impulsar reformas tajantes a la legalidad electoral para que ésta sea una viable opción más de una amplia batalla nacional y no, como ahora, una farsa intermedia convalidada. ¡Hasta el próximo lunes!

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