os jóvenes de la telesecundaria del pueblo defendieron su derecho a la educación con la única opción que les dejaron: a balazos. El 29 de marzo pasado la comunidad rarámuri de El Manzano, municipio de Uruachi, Chihuahua, fue invadida por una gavilla de sicarios del crimen organizado. Las familias del pueblo, sobre todo los jóvenes, los estaban esperando armados como pudieron. Los muchachos fueron claros: No queremos que nos recluten; queremos seguir estudiando y cultivando la tierra. Nos vamos a defender, aunque nos maten.

El enfrentamiento duró siete horas. Los criminales dispararon 25 mil tiros por sólo 5 mil de los pobladores. Éstos lograron repeler a los agresores. Sólo resultó herido un hijo del dirigente comunitario Cruz Sánchez. Pero los criminales incendiaron varias casas, vehículos y ranchos. Las 36 familias de El Manzano tuvieron que salirse de su pueblo con sólo lo que llevaban puesto, porque de seguro los sicarios regresarían con refuerzos. Familias desplazadas de guerra que ahora carecen de todo en la capital del estado.

Desde el inicio del tiroteo Cruz se comunicó por teléfono con sus amigos de Chihuahua, quienes llamaron de inmediato a la PGR, a la Fiscalía General del Estado y al propio gobernador. Policías estatales y soldados tardaron siete horas en llegar: se fueron primero a El Manzano, pero en el municipio de Urique, a pesar de que se les guiaba por GPS. A su llegada los sicarios ya se habían ido. Al día siguiente, minimizaron los hechos.

Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, es pueblo tomado. Los narcos hacen que la población siembre mariguana y amapola. Agreden a los rarámuris que defienden su bosque y su territorio. No hay autoridad que los detenga. Tienen amenazados de muerte a Isela González, de la organización Alianza Sierra Madre, y a su abogado, Ernesto Palencia.

En Bakeachi, municipio de Carichí, los rarámuris han ganado varios juicios y recuperado en el papel 11 mil hectáreas de su ejido. Pero los caciques siguen invadiendo su territorio. Hace cinco años asesinaron a Ernesto Rábago, pareja de la abogada Estela Ángeles. Ella y los dirigentes de la comunidad están amenazados y la policía municipal, lejos de protegerlos, cuida a los invasores.

Hace unas cuantas semanas hubo un enfrentamiento en Tubares, municipio de Urique, con resultado de varias personas muertas, entre ellas una familia que pereció al ser derribada a tiros la avioneta en la que intentaban escapar. Para el gobierno del estado no pasó nada. El fiscal general visitó días después el lugar y en un video mostró cómo se paseaba por el pueblo sin peligro… escoltado por decenas de policías estatales.

Las coordenadas del terror son las mismas por toda la sierra Tarahumara. Ahí la población local, sean rarámuris o mestizos, sale sobrando. Es más, resulta un estorbo para los proyectos de las mafias legales o ilegales que se han ido apoderando del territorio. Más si las comunidades se organizan y cuentan con liderazgos locales o asesores honestos.

Para los narcotraficantes, entre menos población, menos obstáculos para la siembra de enervantes en la tierra que se les antoje. Si mucho, se requieren algunos cuantos muchachos para que siembren, transporten y cuiden.

Para las compañías mineras, las comunidades locales también son un estorbo. Así como lo son para los proyectos turísticos, para la construcción de obras como el aeropuerto de Creel o para el gasoducto Topolobampo-El Encino. Si están ahí, van a demandar cuando menos indemnizaciones, participación, derechos. O, peor aún, se van a oponer al paso del gasoducto, a la explotación minera y del bosque, a la instalación de hoteles.

Lo que une a los grupos del crimen organizado con las grandes empresas forestales, mineras, de energía y turísticas es su prisa por anular la resistencia de las comunidades o por suprimirlas. Entre ellos pueden negociar, como lo hacen las compañías mineras al pagar protección a los sicarios. Pero no pueden negociar pueblos enteros en resistencia

Otra de las coordenadas es la pasividad o complicidad del gobierno con las mafias. Los sicarios instalan retenes, matan, incendian pueblos como El Manzano, sin que las fuerzas federales o estatales se enteren, o si se enteran, llegan siempre tarde. No ejecutan órdenes de aprehensión, ni mucho menos cumplen con las medidas cautelares para proteger a las muchas y muchos defensores de los derechos humanos amenazados. Varias personas de Choréachi, de la organización Alianza Sierra Madre, la licenciada Estela Ángeles, el padre Javier Ávila y ahora, en una resolución sin precedentes, la comunidad indígena completa de El Manzano, han logrado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A otros defensores se las otorgó el mecanismo de la Secretaría de Gobernación. Pero son tan ineficaces las autoridades, tan negligentes para cumplir con dichas medidas, que en una reunión, Estela Ángeles le devolvió en público a la representante de Gobernación los teléfonos celulares que le dieron para casos de emergencia.

Estos son los hechos que refutan el triunfalismo del gobernador y del gobierno federal sobre la reducción de la violencia en Chihuahua. Por supuesto que por toda la sierra Tarahumara las elecciones del próximo domingo estarán bajo la mirada del crimen organizado y las autoridades coludidas con él. Pero los focos rojos que por acá se encienden no son por las amenazas contra el proceso electoral, sino contra los territorios, la sobrevivencia de las comunidades y la vida de las personas.