on los comicios legislativos y locales realizados ayer culminó un periodo de campañas electorales caracterizado por la degradación en las formas de hacer política, la inobservancia de las leyes de la mayoría de los contendientes –partidos y candidatos– y una autoridad en la materia, el Instituto Nacional Electoral (INE), que se estrenó de la peor manera posible: convertido desde su nacimiento en rehén de las componendas entre partidos, omiso en la observancia y el cumplimiento del marco legal e incapaz de hacer valer su condición de árbitro de la contienda. Sus debilidades, para colmo, fueron secundadas y ahondadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual restó a las resoluciones del organismo que preside Lorenzo Córdova la escasa fuerza que pudieron tener de origen y las dejó reducidas a posicionamientos casi simbólicos.

Por lo demás, el proceso de renovación legislativa y de la tercera parte de los ejecutivos estatales y de los respectivos ayuntamientos se vio contaminado por la violencia que afecta al país y dejó un saldo de más de una decena de candidatos, cuadros y militantes asesinados y varios heridos en enfrentamientos. Adicionalmente, la descomposición institucional en curso y el creciente divorcio entre el México formal y el México social derivó en un acentuado escepticismo ciudadano que se tradujo en llamados a la abstención y a la anulación, en tanto que la crisis de credibilidad agudizada por los sucesos de Iguala de septiembre pasado llegó hasta intentos de impedir la realización de los comicios que derivaron en disturbios de diversa magnitud en algunas localidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En suma, la reforma política pactada por las fuerzas mayoritarias y promulgada a inicios del año pasado ha fracasado en su primera prueba. Incluso la novedad de las candidaturas independientes hizo agua en los comicios de ayer, si se considera que, con la notable excepción de Nuevo León, en donde los resultados preliminares daban la victoria a un aspirante a gobernador registrado con esa figura apartidista, los sin partido no sumaban, en conjunto, ni siquiera el uno por ciento de los votos.

Al cierre de esta edición, con menos del 20 por ciento de las actas computadas, resultaba difícil trazar líneas claras entre ganadores y perdedores: de acuerdo con esos números iniciales el PRI perdería un importante caudal de votos legislativos pero ganaría la mayor parte de las gubernaturas en juego; los otros dos firmantes originales del Pacto por México, Acción Nacional y el sol azteca, retrocederían también, en forma moderada el primero y en caída libre el segundo, opacado por la irrupción en el escenario político de Morena, el cual, según las tendencias esbozadas en los programas de Resultados Preliminares (el federal y el capitalino), podría disputarle el tercer sitio como fuerza política nacional, se situaría en primera en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y conquistaría, a expensas del PRD, varias delegaciones de la ciudad de México. Para ser el primer proceso electoral al que concurre, y a menos de un año de haber obtenido su registro como partido, el resultado de la organización que encabeza Andrés Manuel López Obrador es sin duda relevante.

Es demasiado pronto para ponderar en qué medida los resultados comentados inducirán, o no, realineamientos políticos significativos en el país. Lo que resulta meridianamente claro, en cambio, es la urgencia de reconfigurar los procedimientos y las instituciones electorales a fin de que la incierta y débil democracia nacional pueda disponer de autoridades comiciales verdaderas, independientes de los partidos y de la clase política, y dotadas de la capacidad y la voluntad de poner orden en las campañas y de sancionar sin miramientos prácticas y conductas que constituyen delitos electorales y que hasta ahora permanecen en una exasperante y contraproducente impunidad. La vida republicana de México viene arrastrando las fracturas que dejaron las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 justamente por la incapacidad de las autoridades comiciales de ofrecer resultados confiables y de gestionar en forma creíble las impugnaciones a tales procesos. Si no se procede a una nueva reforma que erija instituciones electorales dignas de tal nombre, la sucesión presidencial de 2018 podría resultar un desastre irreparable para la vida pública del país.

El tiempo apremia.