as centrales sindicales opositoras de Argentina, convocadas por el gremio de transportistas, llevaron a cabo ayer el segundo paro nacional del año y el quinto en lo que va de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La medida paralizó a todo el país, dejándolo sin transporte terrestre, marítimo ni aéreo por 24 horas. Con este paro se exigió, entre otras cosas, un aumento salarial mayor al 27 por ciento ofrecido por el gobierno, la eliminación del impuesto a las ganancias (equivalente al impuesto sobre la renta de México) y lograr negociaciones paritarias (entre trabajadores y patrones) libres.

Este paro se suma a las acciones de acoso contra el gobierno emprendidas desde diversos sectores de la oligarquía argentina y extranjera: la rebelión del grupo mediático Clarín, que ha impedido en los hechos la aplicación de la Ley de Medios, y el paro agropecuario patronal de 2008 muestran la reticencia de los sectores acaudalados y empresariales a aceptar la existencia de un gobierno progresista, con sentido social y opuesto a la globalización financiera ordenada por el Consenso de Washington. Por otro lado, la Casa Rosada enfrenta el chantaje que desde tribunales estadunidenses ejercen los fondos buitres –y que impide el acceso de Argentina a los mercados financieros globales– y las presiones de intereses trasnacionales afectados por la recuperación de bienes estratégicos.

El ánimo desestabilizador que recorre Argentina se inscribe, además, en un contexto de hostilidad injerencista contra los gobiernos latinoamericanos que, de distintas maneras, han conformado un bloque progresista desmarcado de las políticas económicas antipopulares impuestas en la región por los gobiernos occidentales y los organismos financieros internacionales tras el fin de las dictaduras militares y la restauración de la formalidad democrática. No debe olvidarse que en años recientes las oligarquías locales han intentado derribar gobiernos que rompieron con el dogma neoliberal y el sometimiento político tradicional, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que en Honduras y Paraguay el golpismo resultó triunfante.

Por lo que hace a la coyuntura argentina, resulta ominoso el respaldo de los medios de comunicación proempresariales al paro del transporte, pues deja ver una alianza perversa entre cúpulas sindicales gangsteriles. Es pertinente recordar que Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros y secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) Azopardo, comenzó su carrera como delator de guerrilleros y llegó a ser líder sindical durante la dictadura cívico-militar. Por su parte, Luis Barrionuevo, dirigente de la CGT Azul y Blanca, tiene un pasado delictivo y una cauda de acusaciones penales que van desde asalto a mano armada hasta desvío de recursos en una licitación de prótesis médicas. A su vez, Pablo Micheli, dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, pasó de la lucha contra el neoliberalismo a organizar grupos de choque al servicio de la derecha sindical. Otro hecho incongruente y extraño, por decir lo menos, es el que dirigencias supuestamente obreras demanden la supresión de impuestos a los sectores de ingresos medios y altos.

En términos generales, esta ofensiva en contra del kirchnerismo remite de manera inevitable al acoso golpista en Chile en tiempos del gobierno de Salvador Allende. Ahí, los grupos patronales decretaron un paro total e indefinido del transporte y del comercio que dejó completamente paralizado al país, mientras medios de comunicación afines al golpismo, como el periódico El Mercurio, aplaudían la desestabilización. Entonces como ahora, estos paros resultan injustificables desde una perspectiva sindical, dadas las políticas en favor de los trabajadores que han caracterizado al actual gobierno argentino.

En suma, la embestida de líderes gremiales desprestigiados en contra de un gobierno que, con todo y sus contradicciones y defectos, ha sido solidario con las conquistas populares y con los esfuerzos por la integración latinoamericana, no puede ser vista como un hecho aislado. La lucha de los trabajadores podría ser desvirtuada e instrumentada en favor de los grandes capitales y los sectores oligárquicos que van tomando posiciones rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre.