Casi 40 por ciento de los niños que trabajan no asisten a la escuela, lo que significa más de un millón 14 mil menores, y los que acuden lo hacen sólo para seguir teniendo el apoyo de las becas, pero deben continuar laborando, afirman organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales, agrupadas en la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, señalan, tres de cada 10 de estos niños son jornaleros, la mayoría migrantes, cuyo trabajo se enmarca por la desnutrición, el fallecimiento de menores en campos de cultivo de Sinaloa, Sonora, Guanajuato y Chihuahua, y porque no tienen acceso a educación de calidad.

La ratificación hecha por México del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el que pasa de 14 a 15 años la edad permitida para laborar, no modifica la cruel realidad de estos menores mexicanos: sirve de poco; además de que no son 2.5 millones los que trabajan en el país, al menos son el doble de la cifra oficial.

Lo anterior, porque al migrar de un estado a otro no son detectados en las encuestas formales, además de que hay menores cooptados por el narco, víctimas de la trata y muchos otros invisibles

Documentan muerte de 43 menores de Guerrero en campos de cultivo

En conferencia de prensa con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra hoy, señalaron que no hay un verdadero sistema de inspecciones de la autoridad laboral en los campos de cultivo; son esporádicas y no resuelven el problema de fondo de lo que viven estos menores, planteó Margarita Nemesio, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Guerrero, dijo, es uno de los estados que más expulsa niños jornaleros que migran en condiciones precarias; incluso se tiene documentada la muerte de 43 de ellos de 2007 a la fecha. Los dos últimos fallecieron este año por insolación en los campos agrícolas de Jalisco, y sus padres fueron amenazados por haber levantado una demanda y ahora son perseguidos.

El estado donde más menores han perecido es Sinaloa, con 17 casos en el periodo referido. Cambiaron la ley del trabajo, pero en los campos no se aplica; prácticamente no hay inspecciones laborales y los patrones hacen lo que quieren con los menores, apuntó.

Por su parte, Nashieli Ramírez, de la organización Ririki Intervención Social, recordó que ningún sujeto explotador de menores está en la cárcel. Dijo que hay subregistro del trabajo infantil, las cifras oficiales no contemplan a muchos menores que están en condiciones de narcoexplotación. Señaló que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños emitió una serie de recomendaciones en las que establece que debe aplicarse un programa de apoyo para estos menores, especialmente en los casos de los que laboran en minas, en la agricultura y en el hogar.

También participó en la conferencia Rebeca Aguayo, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, que trabaja en Guanajuato dando alberge a migrantes, donde recibe a cerca de 3 mil jornaleros mixtecos cada año, de los cuales 30 por ciento son menores que van al corte de chile y tomatillo. Según documentó, en estos campos niños de seis años cuidan a sus hermanos; hay pobreza endémica, sufren enfermedades y hacinamiento, no cuentan con infraestructura ni condiciones de sanidad, ni agua.

Esta mesa presentó un pronunciamiento que leyó Rosaura Galeana, de la Universidad Pedagógica Nacional, el cual establece que el acceso a una educación de calidad para estos menores podría disminuir los índices de trabajo y explotación laboral infantil.