Hermosillo, Son.

Cerca de 100 personas tomaron la alcaldía de Ures e impidieron que 150 empleados municipales trabajaran miércoles y jueves. Exigen que se reanuden los pagos de compensaciones a los afectados por la contaminación que ocasionó la minera Buenavista del Cobre en la región de los ríos Sonora y Bacanuchi que dejó 23 mil afectados.

José Manuel Valenzuela Salcido, presidente municipal de Ures, señaló que los habitantes están desesperados por los retrasos que una y otra vez se dan, tras la promesa que las autoridades les hicieron en 2014 de que el Fideicomiso Río Sonora pagaría los daños generados a productores agrícolas, ganaderos y comerciantes, así como a amas de casa.

“La gente tomó el ayuntamiento desde las 7 y media de la mañana; no dejó entrar a nadie a trabajar. Espera que se haga el pago de daños. Dice que no se va a mover hasta que se cumpla con lo estipulado”, expuso el edil.

Comentó que los manifestantes son de varias comunidades, en las que persiste el desabasto de agua, la falta de mejores condiciones económicas, así como las deudas tras los problemas que generó el derrame de tóxicos de la minera.

Este jueves nos dijeron que pronto nos van a dar la fecha de pago; tentativamente podría ser el lunes o el martes, precisó. Refirió que los integrantes del Fideicomiso Río Sonora están enterados de las nuevas protestas.

Valenzuela Salcido y Francisco Javier Durán Villa, edil de Baviácora, señalaron que las autoridades federales habían anunciado en febrero que se suspenderían los pagos en la región del río Sonora, debido a que se iba a aplicar la llamada veda electoral, durante la cual las autoridades de gobierno no podrían hacer entrega de recursos económicos, para no afectar la intención del voto y que sería después del 7 de junio que reiniciarían.

En agosto del 2014 ocurrió el peor desastre ecológico ligado a la minería, según expuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Fue en la minera Buenavista del Cobre, en Cananea –propiedad del Grupo México– de la que se derramaron 40 millones de litros de lixiviado de cobre adiculado que contaminaron los dos ríos, afectando a miles de habitantes de siete municipios: Ariste, Aconchi, Banámichi, Baviácora, San Felipe de Jesús, Huepac y Ures.

El Grupo México, dueño de la minera, formó el fideicomiso con 2 mil millones de pesos; entregó una parte en noviembre y lo demás sigue pendiente.