La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, informó que hasta la fecha 10 congresos estatales han aprobado la reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de desaparición forzada. Como va el proceso, abundó, lo ideal es que en agosto la Comisión Permanente declare válida esa reforma.

Con ello, indicó, en septiembre el Senado empezaría a trabajar con las tres iniciativas de ley general que han presentado los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional. No obstante ello, precisó De la Peña, en el Congreso se encuentran radicadas más de 30 iniciativas en la materia, pero se trata de reformas y adiciones al Código Penal Federal u otros códigos, que han quedado superadas por la modificación a la Carta Magna.

A partir de que la Comisión Permanente realice la declaración de validez de esta reforma, una vez que haya sido aprobada por la mitad más uno de los congresos estatales, el Senado trabajará con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, organizaciones no gubernamentales y académicos en la elaboración de la Ley General para Prevenir la Desaparición Forzada de Personas.

De la Peña señaló que el presidente Enrique Peña Nieto presentará una iniciativa. Sé que en el gobierno están trabajando en ello. Cabe recordar que ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, representantes del gobierno federal que acudieron a exponer el cumplimiento y avances a las recomendaciones formuladas al Estado mexicano en el examen periódico universal anunciaron que en julio el Ejecutivo presentaría al Congreso una iniciativa de ley en la materia.

La senadora consideró que Peña Nieto podría enviarla como iniciativa preferente al inicio del periodo ordinario de sesiones, el 1º de septiembre próximo, o incluso antes, lo cual sin duda ayudaría mucho al proceso legislativo, ya que cada cámara estaría obligada a discutirla, aprobarla, rechazarla o modificarla en 30 días.

Por lo pronto, señaló, en el Senado tenemos materia para que, una vez que se declare formalmente válida la reforma, empecemos el análisis de las tres inicitivas de ley general para prevenir y combatir la desaparición forzada. Se pueden presentar nuevas iniciativas de los grupos parlamentarios o incluso el Ejecutivo presentar la suya.