l mapa de riesgos sociales tiene más focos rojos que nunca. No hay entidad ni región donde no haya conflictos enconados ante los cuales las autoridades (de todos los partidos y niveles de gobierno) mantienen actitudes a la defensiva, irresponsablemente indolentes, con evidentes signos de atadura a esquemas de corrupción y a ineficacia operativa acumulada.

Sólo por dar un ejemplo se puede recordar que ayer cumplieron sesenta días sin atención verdadera, desdeñados, condenados a desistir por cansancio y enfermedad de su protesta a la intemperie (entre lluvias y granizo) ejidatarios de Durango (cuyo gobernador es Jorge Herrera Caldera, más interesado en conservar el predominio priísta en la entidad que en resolver los problemas de fondo) que han tomado la caseta de peaje de Coscomate (doña Pomposa, de noventa y dos años, entre ellos http://bit.ly/1K1kmjE) en demanda de que les sean pagadas con justicia las tierras que les quitaron para construir una espectacular supercarretera que va a Mazatlán.

El catálogo de la irritación colectiva tiene ciertos casos muy notables y difundidos (que a pesar de su amplia exposición pública tampoco tienen la debida atención ni resolución adecuada), pero a lo largo del país hay infinidad de protestas y disidencias casi desconocidas a escala nacional, menospreciadas por los medios locales de comunicación, que usualmente están bajo control férreo de gobernadores y presidentes municipales, las cuales dan cuenta de que el llamado pacto social es letra muerta y que la falta de concordancia entre las cúpulas directivas y la base popular alienta movilizaciones y activismo proporcionales en su textura combativa a la zafiedad de la institucionalidad fallida.

Miguel Ángel Mancera se reunió ayer con dirigentes perredistas en el edificio central del gobierno capitalino para analizar la dividida situación de la izquierda en el Distrito Federal, mientras miembros de Morena desarrollaban en la explanada de la Plaza de la Constitución una caminata que dijeron duraría veinticuatro horas, para denunciar que Mancera y su administración se metieron ilegal e ilegítimamente en los pasados comicios para beneficiar al sol azteca.

Para confirmar su injerencismo tan sabido, Mancera estuvo en su oficina con Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, el presidente de la mesa directiva del Senado que antes fue miembro de Nueva Izquierda, la corriente dominada por los Chuchos, y ahora navega con bandera distinta, propia, pero con el mismo estilo nauseante de las negociaciones grupales ventajosas y el apego a los poderes en turno. Además, estuvo el también senador perredista Armando Ríos Piter, quien se excusó extraña y chambonamente de ser candidato a la gubernatura de Guerrero, con lo cual dejó tambaleante a su partido (que hubo de improvisar a Beatriz Mojica como abanderada) y el camino libre al PRI que así impuso a Héctor Astudillo como sucesor de Rogelio Ortega (sucesor interino, a su vez, de Ángel Aguirre). Ambos, Barbosa y Ríos Piter, tienen una cercanía marcada con Los Pinos, no sólo en términos de acompañamientos y otros protocolos en los cuales suelen aparecer flanqueando a Peña Nieto, sobre todo el primero.

En mangas de camisa amarilla y con pantalón oscuro (oh, sí, los colores del partido al que no se ha afiliado, pero al cual mangonea abiertamente en la capital del país), Mancera dialogó durante una hora con los senadores perredistas que han solicitado una limpia en el gabinete del jefe del Gobierno capitalino, pues asumen que la derrota electoral del Domingo Negro y Amarillo en la ciudad de México se debió a maniobras internas, a fuego amigo del que culpan especialmente al secretario de gobierno, Héctor Serrano, y a la secretaria de desarrollo social, Rosa Icela Rodríguez.

De Serrano es conocido el papel de comandante en jefe partidista y electoral que asumió en los meses recientes, dedicado abiertamente a promover o vetar a aspirantes a cargos por la vía perredista y a suministrarles recursos y apoyos por diversas vías, algunas incluso legales. Serrano es un operador marrullero que se ha convertido en mano política derecha de Mancera a causa de la inexperiencia de éste y al desapego que muestra respecto a los problemas en general, dejando las presuntas soluciones en manos de sus subordinados, que así acaban haciendo lo que quieren. En el caso de Serrano, es probable que haya razones suficientes para pedir su remoción, como lo han hecho Barbosa y Ríos Piter, pero no sólo por los resultados electorales recientes (que fueron desastrosos para Mancera y su corriente, Vanguardia Progresista, y para el PRD en general), sino por una ejecución política que en general ha sido deficiente y llena de puntos oscuros.

En el caso de Rosa Icela Rodríguez las circunstancias son diferentes. Alguien podría suponer que la mejor prueba de un manejo no faccioso de los recursos capitalinos dedicados al desarrollo social sea que las dos principales partes en pugna la acusan por igual de favorecer a una o a otra. Los perredistas consideran que el manejo de la política social favoreció a Morena y los directivos de este partido aseguran que los triunfos del PRD se debieron a favores institucionales relacionados con el desarrollo social. Hasta ahora, a diferencia de la generalizada percepción adversa al turbio Serrano en su secretaría de gobierno, la política social del GDF parece ser uno de los puntos más destacados de su administración (política social que no deja de ser la continuidad, mejorada, de la que estableció en su momento Andrés Manuel López Obrador), aun en medio de las turbulencias electorales.

Y, mientras pasantes de medicina, estudiantes y profesionistas titulados protestan este lunes 22 en oficinas de salud pública de todo el país, por las circunstancias de abandono y explotación en que se mantiene a quienes desde esa rama del conocimiento ejercen su servicio social (en Twitter se han agrupado los comentarios y denuncias en la etiqueta #NiUnPasanteMas), ¡hasta el próximo lunes, dejando constancia de que la famosa Ley Conagua, por lo pronto, no va!

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