El nuevo sistema de justicia penal está llamado a ‘‘erigirse en el guardián de la paz social y uno de los cambios significativos es que ahora el seguimiento de la ejecución de penas recae en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y deja de ser atribución del Poder Ejecutivo’’, afirmó Alfonso Perez Daza, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Al participar en el Encuentro internacional sobre la reforma al sistema de justicia penal: experiencias comparadas, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enfatizó que ‘‘la legitimidad del nuevo sistema, como parte de las políticas públicas, también implica un reto en cuanto al costo económico que representa y la necesidad de justificar de manera transparente el uso de recursos públicos en su implementación’’.

En ese contexto, el consejero señaló que ‘‘bajo la presidencia del ministro Luis María Aguilar Morales se da nuevo impulso a la capacitación de operadores del PJF’’, aunque reconoció que ‘‘el reto es lograr la legitimidad social derivado de los fallos y del uso transparente de recursos públicos, subrayando el costo-beneficio de su implementación’’.

Pérez Daza dijo que el país se encuentra en una nueva era en la que todos los operadores del sistema penal acusatorio deben asumir el reto de lograr su legitimidad, frente a las aspiraciones del ciudadano de contar con una justicia pronta, justa y expedita.

‘‘La correcta aplicación del derecho penal permitirá a los mexicanos vivir en armonía y prosperidad, dando plena vigencia a los principios constitucionales que exige un país libre y un estado de derecho robusto, y ante los riesgos de reincidencia debe analizarse el encarcelamiento a la luz de lo que realmente funciona’’.